La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS –implicada también en el escándalo de Petrobras– y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.

Los fiscales alegan en la denuncia que presentaron ante la Justicia que es «imprescindible» ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación.

Según los fiscales, el arresto de Lula, que declaró en comisaría durante tres horas el 4 de marzo, se hace necesario debido a que «es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple».

Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del exmandatario pueden promover «maniobras violentas» y presentarlo como «un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho».

La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.