«Hemos conseguido una plaza en euskara tras hacer los trámites necesarios en el periodo de prematriculación oficial. Queremos lo que nos corresponde». Así de tajantes se han mostrado los portavoces de un grupo de 140 padres que se han inscrito este año en las escuelas infantiles después de que el Ayuntamiento de Iruñea ampliara las plazas en euskara del 10,3% al 23.9%.

Todo el proceso de matriculación, necesario para poder comenzar el próximo curso, está paralizado por un recurso interpuesto por representantes de 53 niños que acudían a un centro que a partir de este año pasa de castellano a euskara. Ellos se sienten afectados por el cambio ya que no quieren que su hijo vaya a una escuela en euskara y se niegan a ser reubicados en otros centros. El juez decretó la suspensión cautelar de la matrícula y el Ayuntamiento recurrió ante la Sala, que actualmente está deliberando.

La semana pasada, el Gobierno de Nafarroa elaboró un informe en el que se señala que el proceso de matriculación paralizado se hizo conforme a al ley y que, por lo tanto, las familias que han tomado parte en él han generado derechos. El Ayuntamiento ya ha dado traslado del informe al juez, pero ahora los padres que han participado en el proceso han dado un paso adelante y esta mañana han implicado al Defensor del pueblo. En este sentido, no solo defienden el derecho generado por tomar parte en la matrícula, sino también reivindican «el derecho que tenemos a educar a nuestros hijos e hijas en euskara», según ha explicado Itziar Luri.

Los padres y madres también han denunciado que, mientras ellos seguirán recorriendo kilómetros para llevar a sus hijos a una escuela infantil en euskara «algunos de los que optan por la educación en castellano con estos cambios tendrán que desplazarse unos diez minutos para poder hacerlo».

Garbiñe Petriati, directora de Behatokia, ha arropado a los padres a pedir cita ante el Defensor. «No es la primera vez que Behatokia acude al Defensor del Pueblo a raíz de las escuelas infantiles de Iruñea. La escasa oferta en euskara que durante años han hecho tanto el Ayuntamiento de Iruñea como el Gobierno ha vulnerado los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas».