Estas elecciones van a alumbrar una distribución de escaños en el Parlamento que romperá con la tradición que hacía posible los gobiernos de mayoría absoluta (de hecho o de facto). Ello puede dar lugar –como dice el tópico periodístico en estos casos– a un «escenario endiablado» si se va con luces cortas o puede abrir una oportunidad para empezar a hacer las cosas de otra manera, mirando al largo plazo y a los retos que ante sí tiene esta parte de Euskal Herria para el futuro. Esta segunda vía no es, desde luego, a la que nos tienen acostumbrados hasta la fecha los partidos.

La tendencia electoral que parece estar afianzándose, y sin entrar al detalle de un escaño arriba o abajo, dibuja un Parlamento en el que el PNV gana con cierta holgura e EH Bildu queda en segunda posición, seguida por Elkarrekin-Podemos. El PSE sufre una debacle, aunque la historia enseña que será menor de lo que auguran las encuestas, mientras que el PP queda como última fuerza parlamentaria. Solo le salvaría de ese puesto que Ciudadanos obtenga representación por Araba, territorio en el que siguiendo el ejemplo de UPyD con Gorka Maneiro, coloca al guipuzcoano Nicolás de Miguel, para ver si puede aprovechar que es donde menos votos hace falta para conseguir un parlamentario.

Nos encontraremos, por tanto, con una Cámara en la que tres cuartas partes defienden el derecho a decidir, y en la que más de la mitad son candidaturas que se definen como de izquierdas. Añadan a ello que los dos grandes partidos de ámbito estatal, PSOE y PP, ocuparán un lugar casi residual, en que su único valor será el de ejercer de apoyo o bisagra.

La pregunta tradicional en estos casos es la de cuál puede ser la suma que garantice un gobierno. La respuesta matemática sería la de que, con los números en la mano, una coalición entre PNV y PSE permitiera a Iñigo Urkullu gobernar con apacible tranquilidad. Aunque ambos partidos no sumen mayoría absoluta, para perder votaciones deberían coincidir en su contra EH Bildu, Podemos y PP, lo que pasaría a buen seguro más de una vez en cuestiones menores, pero se antoja difícil que pudieran bloquear leyes o decisiones de importancia.

Esta coalición PNV-PSE sería la fórmula para un gobierno continuista, de mera gestión, que no quisiera afrontar grandes retos. Y para ello el PSE tendría que llegar a la conclusión de que, pese a que es evidente que el electorado no premia su presencia en las instituciones que capitanea el PNV, fuera del poder todavía hace más frío, sobre todo para sus cargos.

Habrá quien alegue que si el PNV ha gobernado la pasada legislatura con 27 de 75 parlamentarios, también puede hacerlo en adelante. Pero eso no está tan claro. El Parlamento recién cerrado tenía una característica especial: si el PNV se ponía abertzale, tenía con EH Bildu una mayoría de dos tercios para aprobar propuestas; y si el PNV echaba mano de su acuerdo preferente con el PSE para las cuestiones de gestión, también tenían mayoría absoluta para sacar adelante las propuestas. Y cuando en el Pleno se abría un debate en los términos tradicionales de izquierda y derecha, PNV y PP sumaban 37 escaños, EH Bildu y PSE otros 37, y el papel de árbitro lo tenía Gorka Maneiro, que entre sus obsesiones incluía no apoyar nada que hubiera propuesto la coalición independentista. Esto le permitía al partido de Urkullu cierta tranquilidad en el mantenimiento del status quo.

A la vista de lo que dictan las encuestas, si el PNV optara por gobernar en solitario con un acuerdo preferente con el PSE pero que no atase del todo su disciplina de voto, como ha ocurrido en la pasada legislatura, Urkullu podría encontrarse en la Cámara con una mayoría de parlamentarios de izquierdas que rechazara sus propuestas o, peor aún para sus intereses, que decidiera legislar o gobernar desde la oposición.

Los dos escenarios anteriores son los de regate corto, los de seguir al tran-tran de legislaturas anteriores. Pero a la vista de que es necesario dar un salto en el ámbito de la soberanía, entre otras cosas porque se hace imprescindible para tener herramientas propias de avance social que no dependan de los caprichos del inquilino de turno en la Moncloa, y atendiendo a que hay cuestiones derivadas del conflicto que será difícil que se resuelvan desde Madrid, en ese contexto histórico convendría que las fuerzas políticas aprendieran a distinguir y/o compaginar la gobernabilidad y los grandes acuerdos de futuro.

Si en el Parlamento de Gasteiz va a haber una mayoría amplísima en favor del derecho a decidir, si se pueden articular también grandes consensos en defensa de propuestas sociales avanzadas y si pueden darse además acuerdos en materia de derechos humanos en cuestiones relacionadas con la resolución del conflicto, los partidos deberían estar a la altura de las circunstancias y posibilitar que esas mayorías fuera realmente efectivas. No puede volver a ocurrir –como ha pasado en esta última legislatura– que teniendo a 48 de 75 parlamentarios a favor de un nuevo estatus para la CAV basado en el derecho a decidir, no se haya avanzado ni un ápice en esta cuestión.

Otra cuestión, como ya se ha expuesto, es si esos grandes acuerdos deber ir ligados a una fórmula de gobernabilidad o deben situarse al margen de ésta. Para eso están las negociaciones entre los partidos.

En todo caso, los que a buen seguro deben perder toda esperanza son quienes pretendan ligar la elección de lehendakari con la investidura del presidente del Gobierno español. El sistema de votación es distinto. En el Parlamento de Gasteiz se elige lehendakari al que más apoyos tiene entre uno o más candidatos y no se puede votar en contra. No es un sí o no como en el Congreso de los Diputados.

En un escenario sin acuerdos de gran alcance y con los resultados que avanzan las encuestas, en la sesión de investidura Iñigo Urkullu competiría probablemente con la candidata de EH Bildu y, quizá, también con la de Podemos. Salvo que ambas fuerzas de izquierda tuvieran un acuerdo, a los jeltzales les bastarían sus propios votos para ganar y, de lo contrario, ahí está siempre el PSE. Por lo tanto, el PP es irrelevante en este caso y no tiene nada que ofrecer en la Cámara autonómica al PNV para seducirle a hacer presidente a Mariano Rajoy.

Por tanto, se abre hoy una campaña electoral que puede resultar trascendental para el futuro vasco pero que, contrariamente a los análisis que desde el desconocimiento o el interés se hacen desde Madrid, no tendrán más influencia en el Estado que los derivados de los resultados menguantes que las encuestas pronostican a PSE y PP. Y la importancia que vayan a tener en Euskal Herria va a depender sobre todo de las actitudes de los partidos y del empuje que reciban quienes proponen acuerdos de calado.