El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le comunica que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat que le exige el Gobierno español.

En su misiva, Junqueras señala que dejará de enviar los informes semanales al considerar que el requerimiento para remitirlos supone un «control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia».

El conseller asegura que Catalunya mantiene su «compromiso con la estabilidad presupuestaria», por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.

Junqueras recuerda que el Parlament aprobó el 6 de setiembre la Ley del Referéndum, que establece un «régimen jurídico excepcional, destinado a regular y garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación» y que este régimen es «incompatible» con las medidas de control de gasto requeridas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Generalitat ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual «se exime y dispensa» a los responsables de la Generalitat «de la remisión de la información requerida», indica la carta.

El vicepresident expresa también la voluntad de la Generalitat de seguir apostando «por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España».

Lamenta que «hasta el momento no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado sobre la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, pese a las reiteradas propuestas y peticiones formuladas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament».

Junqueras señala que, pese al desacuerdo entre los dos gobiernos por la celebración del referéndum, comparte con el Ministerio de Hacienda «la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria de Cataluña y de España, de acuerdo con los compromisos con la Unión Europea en relación a la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas».