Interior subraya que las funciones de estas unidades movilizadas serán «las de vigilar el espacio público y mantenimiento del orden y actuará en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal» del 1-O, «tal y como ha ordenado la Fiscalía Superior de Cataluña».
El Ejecutivo ha adoptado esta decisión en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil «en el mantenimiento del orden público».
El ejercicio de esta función corresponde, con carácter prioritario a los Mossos pero, según recoge la citada ley, sin perjuicio de la intervención de Policía y Guardia Civil cuando, «bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes».
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