Según se asegura en el comunicado enviado a los medios por la asociación de afectados por el ruido, «desde su apertura en enero de 2017, la discoteca Moma ha batido records en el número de procesos sancionadores abiertos y se ha convertido en foco de conflicto permanente entre el Ayuntamiento de Bilbao, el Hotel Ilunion y las Comunidades de Vecinos próximas».

«En estos diez meses la Sala de Fiestas ha acumulado once expedientes municipales; dos cierres de un mes, uno de ellos pactado con su periodo vacacional; ha protagonizado un fracasado proceso de mediación; ha sido la causante de que el Consistorio tenga una demanda pendiente de sentencia por presunta concesión ilegal de licencia de actividad; y, por su falta de colaboración e incumplimiento reiterado de la legalidad, se ha convertido en ejemplo de lo que no tiene que ser el modelo de ocio nocturno bilbaino», explican en la nota enviada a los medios.

La sociedad propietaria del edificio y la Cadena Ilunion han presentado una demanda civil en el juzgado de primera instancia de Bilbo contra la empresa titular de la actividad de la discoteca Moma.

En la misma, los demandantes solicitan «el cese de las inmisiones acústicas que afectan a más de cuarenta habitaciones del establecimiento hostelero, y que tienen su origen en los ruidos procedentes de la actividad propia de discoteca, los espectáculos que realiza en directo, la maquinaria de aire acondicionado, así como las voces, pitidos de vehículos, gritos, botellón y otros actos incívicos que se producen frente al hotel. Como consecuencia de lo anterior, en internet abundan comentarios negativos y quejas de clientes del Hotel, que causan en los demandantes un grave daño reputacional y económico».

Aseguran que han recurrido a la vía judicial «tras la falta de respuesta de la discoteca a los intentos de los reclamantes de llegar a la solución amistosa del problema».