La subida salarial del 1,5% para los trabajadores públicos de la CAV, que el Gobierno español pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional, no se había ejecutado todavía. Por otra parte, como se recoge en el artículo 19.1 de la Ley de Presupuestos que Madrid cuestiona, dicha subida se estableció «de manera provisional y transitoria» y «sin perjuicio de las disposiciones que con carácter básico se puedan dictar» en los Presupuestos Generales del Estado o por cualquier otro cauce establecido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Estas precauciones adoptadas por el Gabinete de Urkullu hacen aún más llamativo que el Ministerio de Cristóbal Montoro haya decidido iniciar el trámite previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la presentación de los recursos de inconstitucionalidad y que prevé un periodo de seis meses para tratar de llegar a un acuerdo entre las instituciones afectadas.

Como afirmó ayer el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, «cuando se pone en marcha un trámite así, el último propósito es presentar el recurso o que el Gobierno Vasco reconozca que ha dado pasos inconstitucionales y ceda».

El Ejecutivo de Urkullu pensó que las cautelas introducidas en su ley de presupuestos, condicionando la subida salarial a «que la norma básica correspondiente del Estado autorice definitivamente un incremento de esa cuantía», los salvaba de sufrir un recurso de inconstitucionalidad.

El propio Josu Erkoreka, preguntado durante el debate presupuestario por el parlamentario del PP Javier Ruiz de Arbulo, explicó que «si esa cautela no se incluyera» sería «inmediatamente impugnada por el abogado del Estado» que, según precisó el consejero, «ejerce sobre esto un escrutinio feroz».

Urkullu: «No tiene sentido»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó que la intención del Ejecutivo español de recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi supone una «amenaza o aviso» que «no tiene ningún sentido». Por ello, dijo tener la esperanza de que este posible recurso «no tenga ningún recorrido» y quede «en una mera advertencia, fuera de lugar, en todo caso».

El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, añadió que «es una amenaza muy grave». Destacó que el autogobierno vasco «está en peligro a diario» y que el Tribunal Constitucional es «un arbitro que no es imparcial».

Por contra, desde el PP acusan al Ejecutivo de Lakua de exagerar y buscar motivos para que el PNV se siga negando a negociar los Presupuestos Generales del Estado. El delegado Javier De Andrés afirmó que «la excusa del 155 se está quedando corta para el PNV», porque la gente no entiende que por ello se renuncie a los beneficios de los PGE.

El PP de la CAV acusa a Lakua de mentir a pesar de la documentación

Tanto el delegado del Gobierno español en la CAV, Javier De Andrés, como otros dirigentes del PP de la CAV –Borja Sémper y Laura Garrido– negaron ayer que el Gabinete de Rajoy vaya a recurrir los presupuestos vascos y acusaron al portavoz del Ejecutivo de Lakua de hacer unas acusaciones sabiendo que «no son ciertas».

Sin embargo, la documentación que se ve en la foto demuestra el inicio del trámite que precede a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.