«Creo, y ya lo dijo la Cámara de Comptos, que esto es una operación excepcional, pero legal», ha afirmado en la comisión que investiga operaciones de la empresa pública Sodena, al ser cuestionada por Juan Luis Sánchez de Muniáin, UPN, sobre la decisión de conceder un millón de euros a Davalor Salud a pesar de existir un informe con puntos negativos elaborado por Sodena.

También ha asegurado no recordar si el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, le comunicó días antes de elaborar el correspondiente informe que ya había anunciado al promotor la decisión de aportar esta ayuda.

Según ha recordado Sánchez de Muniáin, uno de los comparecientes afirmó que el 4 de septiembre de 2015 el vicepresidente le había anunciado que se había adoptado esta decisión, a pesar de que el informe que justificó esta operación estaba fechado el 9 de septiembre. Una afirmación que, en palabras del regionalista, todavía está por contrastar.

«Su informe, según estas afirmaciones, está hecho cinco días después de que el vicepresidente hubiese comunicado al señor Baztarrika y al señor Marcos la disposición de la ayuda de un millón de euros», ha alertado el regionalista, que ha denunciado que «si la decisión del vicepresidente es anterior a la elaboración de un informe, estamos ante un claro caso de irregularidad, si no de ilicitud administrativa».

Según Irigoien, el citado informe «seguramente habrá tenido su tramitar» porque los informes se fechan cuando están finalizados. «Esa comunicación no sé si es el 4 o es desde el 2, o desde el 1 –ha explicado-, en esas semanas en que perfilamos el informe estábamos trabajando con esa vocación».

Además, ha considerado que «la legalidad es evidente cuando el informe técnico está firmado, argumentado, trabajado, construido con los mimbres que debe tener un análisis técnico y firmado por la directora general de Política Económica, que tenía la competencia».

Respecto al informe, destinado al Consejo de Gobierno, Sánchez de Muniáin ha criticado que no recogiese las advertencias del documento previo elaborado por Sodena que alertaba de que las previsiones realizadas por Davalor no eran «realistas» y que la situación financiera de la compañía era «crítica», entre otros aspectos.

De hecho, el regionalista ha asegurado que de las 13 recomendaciones de Sodena, nueve de ellas negativas, solo dos fueron incluidas en el informe de Irigoien, «y no precisamente las negativas».

Irigoien ha respondido que en su informe «considera los puntos críticos» del texto de Sodena y «recoge los puntos positivos». Por otro lado, Sánchez de Muniáin le ha reprochado no se pusiera en contacto con los técnicos de Sodena a la hora de elaborar su propio informe.

«Si yo voy a tomar una decisión contraria al informe, lo menos que debería hacer, teniendo la posibilidad de hacerlo, es contrastar con quienes lo han hecho por si hay alguna información adicional relevante», ha apuntado el regionalista, que ha calificado el documento como «irregular», ya que «no se puede llamar informe técnico a algo que no ha tenido la colaboración de ningún técnico».

Cualquier informe técnico, cuando tiene que pasar a acuerdo de gobierno, «pasa por el prisma del director general correspondiente, que revisa, corrige y lo puede cambiar entero porque será su responsabilidad como profesional hacerlo –ha argumento Irigoien-, no puedo entender que considere eso negativo».

Ha negado «rotundamente» conocer que en agosto de 2015 Davalor había entrado en concurso de acreedores. «Si lo hubiéramos conocido, limitaría claramente la concesión de cualquier préstamo –ha contestado-, jurídicamente hubiéramos pedido un informe».