Habrá que esperar para conocer las conclusiones de la comisión de investigación creada para esclarecer las posibles responsabilidades políticas derivadas del “Caso de los comedores escolares”, por el que varias empresas fueron sancionadas con más de 7 millones de euros por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras cerrar un acuerdo para encarecer el servicio de comedores escolares públicos en la CAV entre los años 2003 y 2015.

La presidenta de la comisión, la soberanista Larraitz Ugarte, anunció ayer que el dictamen será sometido a votación tras las elecciones locales, forales y europeas del 26 de mayo. «Queremos hacer un último intento para llegar a un acuerdo porque vemos que los textos de los diferentes grupos tienen similitudes», apuntó antes de advertir de que ella es «optimista».

Y lo cierto es que ayer por la mañana no había muchos motivos para serlo, ya que a primera hora la agencia Efe informó de un acuerdo a tres bandas, entre PNV, PSE y PP, para «suavizar» el informe elaborado por Ugarte, que considera acreditado un sobrecoste de 70 millones de euros y lo achaca a «la inacción de la Administración, que no ha sido vigilante en los procesos de contratación pública a pesar de denuncias» de otras empresas.

En la enmienda a la totalidad se reconoce que hubo un «quebranto económico a las arcas públicas y a la ciudadanía» por el sobrecoste derivado de la concertación de precios entre empresas, cuya cuantía no se cuantifica, y se recalca que «no ha quedado acreditado que se haya producido colaboración o connivencia alguna entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno Vasco».

Desmarque del PP

Sin embargo, a mediodía el PP anunció que retiraba su firma de la enmienda a la totalidad, así como el resto de enmiendas al borrador del dictamen de la comisión «por entender que eluden cualquier responsabilidad política del Gobierno Vasco en un asunto con grave daño económico para las arcas públicas y muchas familias vascas».

Esta decisión suscitó el enfado los partidos que forman el Gabinete de Iñigo Urkullu. «Desautorizan a Juana Bengoechea, la persona que durante meses ha estado trabajando con seriedad en la comisión, y lo hacen bajo unos criterios que nada tienen que ver con los contenidos de la investigación. Criterios políticos a golpe de impulso con los que sólo quieren debilitar al Gobierno Vasco y dificultar su gestión y su acción política», señaló el jeltzale David Latxaga.

Por su parte, José Antonio Pastor, del PSE, denunció que «el PP ha decidido renunciar incluso a sus propias aportaciones porque no estaba dispuesto a hacer nada con quienes apoyamos al Gobierno. Este debe ser el PP que vuelve al centro. Este debe ser el PP responsable, el que no quiere que salga adelante ni siquiera lo que proponen».