El Ararteko ha urgido a los partidos a alcanzar los consensos necesarios para modificar la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con el fin de dar cauce de manera adecuada a las necesidades de la población «más vulnerable».

Lezertua ha presentado este jueves en el pleno del Parlamento de Gasteiz su informe anual correspondiente a 2018, que previamente ya había detallado en comisión parlamentaria.

Ha explicado que el año pasado llevó a cabo 14.549 actuaciones, un 8% más que el año precedente, de las cuales 9.205 correspondieron a quejas y consultas, y 61 a expedientes de oficio.

Se resolvieron 1.658 expedientes de queja y se dictaron 1.113 resoluciones. Las administraciones afectadas corrigieron y modificaron la actuación que originó la reclamación en el 84% de los supuestos.

El informe recoge que disminuyeron las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social al tramitarse 713 frente a las 829 de 2017. Una gran mayoría de ellas estuvieron relacionadas con problemas de funcionamiento de Lanbide y sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

«Mayor consenso posible»

Lezertua ha lamentado que en 2018 no se acometiese la reforma de la norma que regula la RGI y ha demandado a los partidos que traten de alcanzar el «mayor consenso posible» para hacer posible esta modificación con el objetivo de adecuar la ley a las necesidades sociales de los colectivos «más vulnerables» de la población.

Esta no ha sido la única reforma legal que ha reclamado, ya que ha considerado «urgente» aprobar un nuevo marco legal para prevenir y hacer frente a la violencia machista.

En este sentido, ha emplazado a agilizar el proceso de modificación de la Ley de Igualdad de cara a que se establezca un sistema de acreditación de condición de víctima que no obligue a las mujeres a presentar una denuncia penal para acceder a ayudas económicas.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ya constató ayer las carencias que la propuesta de reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos presentada por el Ejecutivo autonómico tiene en materia de violencia machista.

El Ararteko también ha advertido de que la respuesta de las administraciones públicas a sus recomendaciones «dista de ser idílica», porque en ocasiones ni siquiera merecieron una respuesta por parte de estas instituciones, lo que demuestra una «actitud desconsiderada hacia los ciudadanos».