LAB denunció esa situación ante la Inspección de Trabajo y la empresa ha tenido que reincorporar a las trabajadoras. Además, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Garbialdi porque «la actuación de la empresa ha generado un agravio en las afectadas que debieron recurrir al paro».

LAB denuncia «la actitud mafiosa de esta empresa que, pese a tener el dudoso honor de ser la empresa que más denuncias acumula en la Inspección de Trabajo, la Administración Pública Vasca le sigue adjudicando contratos públicos». De hecho, como explica la central sindical, «es la empresa principal adjudicataria de los contratos públicos en el sector de limpieza».

Ante esta situación, el sindicato exige a las administraciones públicas que, «ante este tipo de hechos, no miren hacia otro lado» y «ejerzan un mayor control sobre las empresas subcontratadas». Pide también que «no se vuelvan a adjudicar contratos públicos a aquellas empresas que incumplan los pliegos de condiciones o incurran en infracciones laborales».

Insiste en que el servicio de limpieza debiera de ser público en todos los centros dependientes de las administraciones públicas, «un servicio esencial cuya subcontratación no debería permitirse».