El Ejecutivo de Sánchez ha expresado esa voluntad de mantener de por vida el estatus del huido Juan Carlos de Borbón en una respuesta parlamentaria en el Senado español a una pregunta escrita formulada por el parlamentario de Compromís, Carles Mulet.

El senador valenciano quería saber si el Ejecutivo va a modificar el decreto que nombra rey con carácter honorífico a Juan Carlos I después de su abdicación y su respuesta es que mantendrá «de por vida» ese título.

Además, el Gobierno español sostiene que esta situación se da de manera semejante, aunque «sin ánimo de exhaustividad», en otras monarquías, como en Bélgica con el rey Alberto II; Luxemburgo, con el Gran Duque Juan; o Japón, con el emperador Akihito, quien recibe el nombre de Daijo Tenno o Joko.

Esta respuesta surge en medio de la polémica pública sobre algunas peticiones para que se le retire la condición de rey a Juan Carlos I y el debate sobre una hipotética Ley de la Corona para delimitar las actividades de la Casa Real española.

Además, la respuesta facilitada por el Ejecutivo obvia la situación en la que se encuentra el propio Borbón, refugiado en Abu Dabi tras huir del Estado español a causa de varios escándalos financieros que están siendo investigados.

De hecho, el pasado diciembre presentó una declaración para regularizar su situación fiscal tras no haber pagado los impuestos que le correspondía. En concreto, abonó a Hacienda 678.393,72 euros, con lo que asumió que cometió fraude fiscal al saldar su deuda.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no habían sido declarados a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y la segunda por un posible blanqueo de capitales, con una cuenta de casi 10 millones de euros en la isla de Jersey.

En el caso del AVE, está pendiente de aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el rey emérito español por la adjudicación de ese tren a La Meca a empresas españolas en 2011.

También se ha intentado investigar las posibles corruptelas del Borbón en el Congreso de los Diputados español, pero PSOE, PP y Vox se han encargado de tumbar en repetidas ocasiones la posibilidad de que fuera creada una comisión para tratar esta cuestión, tal y como han llegado a solicitar grupos como Unidas Podemos, el Republicano o EH Bildu, entre otros.