Imanol  Intziarte
Redactor de actualidad, con experiencia en información deportiva y especializado en rugby

La Guardia Civil apunta que un vertido de la incineradora de Zubieta mató a quince ovejas

GuraSOS ha tenido acceso a un informe de la investigación, en el que se certifica que se derramó amoniaco a la regata de Arkaitzerreka y luego se trató de ocultar el origen vertiendo 2.302.992 litros de agua «para borrar las huellas». Están imputados el Consorcio de Residuos (GHK) y once personas.

Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta, representantes de GuraSOS. (Jagoba MANTEROLA / FOKU)
Joseba Belaustegi y Joxe Mari Izeta, representantes de GuraSOS. (Jagoba MANTEROLA / FOKU)

El 7 de mayo de 2020, se produjo un grave vertido en la regata de Arkaitzerreka, que fluye en las inmediaciones de la incineradora de Zubieta. Murieron anguilas y otros peces de menor tamaño, y aunque en un principio el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, negó cualquier relación entre el suceso y la mencionada infraestructura, poco después se informó de que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) había abierto un expediente a la empresa concesionaria, Ekondakin, por la fuga del amoniaco.

Ertzaintza y Guardia Civil abrieron sendos expedientes y en julio de 2020 la Fiscalía decidió llevar el caso ante los tribunales. El pasado abril, el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia emitió un auto en el que declaraba como investigado –antiguamente imputado– al Consorcio. Hay además otras once personas físicas en la causa, tres de ellas han prestado ya declaración y se espera que las ocho restantes lo hagan en los próximos meses.

La plataforma popular GuraSOS está personada en la causa –tuvo que abonar una fianza de 1.500 euros para ello– y ha tenido acceso al informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), que consta de 2.410 folios. Joxe Mari Izeta y Joseba Belaustegi han comparecido este miércoles en Donostia para hacer públicos algunos datos de lo que el propio instituto armado califica como «grave accidente químico».

Conectado a la red de pluviales

Del extenso documento se desprende que «consistió en un derrame de amoniaco en el cubeto de seguridad durante el proceso de carga del depósito de amonio de la incineradora». Pese a que el diseño original de la empresa alemana SBE contemplaba que dicho cubeto fuera un compartimento estanco, se modificó y «estaba conectado directamente con la red de pluviales», que a su vez desembocaba en el riachuelo.

Ante esa situación, los responsables de la instalación intentaron «borrar las huellas del derrame de amoniaco a base de verter ingentes cantidades de agua», 2.302.992 litros, según desvela la investigación de la Guardia Civil.

Además de «la desaparición de las cuatro especies» de peces presentes en Arkaitzerreka, el vertido afectó también «a animales de gran tamaño», puesto que al menos «quince ovejas murieron tras abrevar en la regata».

La investigación desvela también, según GuraSOS, que se han detectado «altísimos niveles de claroalcanos» en el tejido de una anguila muerta. Se trata, han añadido, de «una sustancia prohibida desde 2004, muy tóxica y con evidencias claras de ser cancerígena que los investigadores –peritos de la Guardia Civil asesorados por científicos químicos– sospechan pueda tener su origen en la incineración de plásticos, gomas y otros residuos».

En marcha sin autorización

GuraSOS concluye que la raíz de este suceso se encuentra en la puesta en marcha de la incineradora «sin la necesaria autorización administrativa. Las obras no habían terminado, no se habían realizado las pruebas y ajustes necesarios, no se contaba con la efectividad de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), no estaban instalados los sistemas de seguridad para evitar vertidos, no estaba activado el sistema de control por la viceconsejería de Medio Ambiente ni se estaban realizando los controles y mediciones que exigía la Autorización Ambiental Integrada».

Este no fue el único derrame tóxico, ya que se produjo un incidente similar dos meses antes, el 18 de marzo de 2020. Izeta y Belaustegi han denunciado la falta de información y transparencia de las instituciones hacia la ciudadanía, y han demandado nuevamente «la inmediata paralización de la instalación hasta tanto no se acredite la ausencia de peligro con los contaminantes orgánicos persistentes».