Pello Guerra

Los tribunales dan la razón a Ultzama, que evita su quiebra por la planta de biogás

Tras un proceso administrativo, económico y jurídico de años, los tribunales han terminado dando la razón al Ayuntamiento de Ultzama, gobernado por EH Bildu, sobre la planta de biogás y no tendrá que hacer frente a unas reclamaciones millonarias que habrían supuesto su quiebra económica.

Comparecencia ante los medios sobre la planta de biogás de Ultzama de Arantza Martinez, Adolfo Araiz y Martín Pikabea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)
Comparecencia ante los medios sobre la planta de biogás de Ultzama de Arantza Martinez, Adolfo Araiz y Martín Pikabea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)

Los tribunales han terminado dando la razón al Ayuntamiento de Ultzama y se ha evitado la ruina del Consistorio a causa de la planta de biogás impulsada por la Agrupación Ulzama, próxima a UPN.

Así lo han explicado en una comparecencia ante los medios la exalcaldesa de Ultzama Arantza Martinez y el actual alcalde, Martín Pikabea, junto al parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz.

Martinez y Pikabea han detallado que el Juzgado Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa han dictado varias sentencias que «son firmes y favorables» al Ayuntamiento de Ultzama en lo que se refiere a la valoración de los activos ligados al contrato de concesión administrativa de la planta de biogás que realizó el Consistorio bajo el gobierno de Agrupación Ulzama.

Las reclamaciones económicas interpuestas en los juzgados por diferentes entidades como Sodena o Caja Rural, y por la administración concursal ascendían a millones de euros, «que ponían en una situación extrema al Ayuntamiento de Ultzama y al valle en su conjunto, por una infraestructura que se ha demostrado deficitaria y ruinosa en todos los sentidos».

Por ejemplo, la demanda de la administración concursal solicitaba que se declarase que el importe que el Ayuntamiento debía abonar al concesionario ascendía a un máximo de 4.299.000 euros.

Por ello, el Consistorio considera que «nos encontramos ante una muy buena noticia» y «se felicita por las resoluciones que liberan a Ultzama de una losa económica que podía hipotecar al Ayuntamiento para mucho tiempo, imposibilitando desarrollar otras políticas que beneficiasen al conjunto de la ciudadanía del valle», han concluido Pikabea y Martinez.

Un proyecto plagado de irregularidades

Por su parte, Adolfo Araiz ha recordado que la planta fue una inversión promovida y desarrollada por Agrupacion Ultzama, una pantalla electoral de UPN, y apoyada «sin fisuras» por el partido de Javier Esparza, que supuso «millones para las arcas públicas y naufragó antes de llegar a cumplir cuatro años».

Un proyecto además «plagado de irregularidades de todo tipo, tal y como reveló la Cámara de Comptos» y frente al que «la respuesta política de miembros de AU y UPN ha sido inaceptable», ha indicado el parlamentario de EH Bildu, añadiendo que «siendo promotores e incluso varios parte y socios en la empresa que gestionó la planta hasta su fracaso, negaron informaciones sistemáticamente a EH Bildu, obligándonos a acudir al TAN; se abstuvieron en pleno para que la Cámara de Comptos no auditase el caso, pusieron trabas para la puesta en marcha de la Comisión Investigadora parlamentaria y, finalmente, tampoco respondieron a ninguna de las cuestiones planteadas en dicha Comisión de Investigación».

Las responsabilidades políticas de Pérez Arregui

Sobre la comisión del Legislativo, Araiz ha recordado que de ese informe de la comisión parlamentaria se derivaban responsabilidades políticas de distintos cargos públicos, especialmente para quienes habían ostentado la Alcaldía, es decir, Francisco Pérez Arregui, actualmente parlamentario de Navarra Suma, y para el siguiente alcalde, Francisco Tornaría.

Ha puesto el acento en que Pérez Arregui «tuvo un protagonismo especial en la puesta en marcha de este proyecto, al actuar en nombre de una mercantil que ni existía y que luego resultó ser la empresa concesionaria, que obtuvo todas las ayudas públicas y una derivada del Departamento de Industria».

Araiz ha denunciado que «todavía no ha dado explicaciones, está obligado a dar una explicación al valle de Ultzama sobre las consecuencias de esta actuación». En este sentido, ha señalado que esa actuación «al Ayuntamiento no le ha costado lo que le podía haber costado, pero le ha supuesto dinero la gestión del secuestro de la actividad y los gastos judiciales, ya que la empresa es insolvente y los tendrá que asumir el Consistorio».

El parlamentario de EH Bildu también ha recordado que UPN intentó responsabilizar a la coalición soberanista del fracaso de la planta «faltando a la verdad y siendo conscientes de que EH Bildu ni tramitó, ni promovió, ni gestionó dicha planta. Lo que en realidad se encontró cuando accedió a la Alcaldía fue una herencia totalmente envenenada, con una chatarra que suponía un pozo sin fondo para la gente de Ultzama y con un modelo totalmente inviable tal y como recogen algunos informes».

Por ello, la labor de EH Bildu estos años ha sido «minimizar las afecciones de este despropósito desde una actuación responsable, pero Agrupación Ulzama y UPN nunca han asumido responsabilidades y ha llegado la hora de que lo hagan». Porque lo sucedido con la planta de biogás de Ultzama es «un vivo ejemplo de la gestión de los servicios públicos de UPN: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas».