El Centro Nacional de Inteligencia dispone del sistema Pegasus con el que se sabe que se ha espiado a decenas de independentistas catalanes y vascos, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. Quien fue director del espionaje español en esos años, el general Félix Sanz Roldán, y la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, se niegan a hablar en público del tema, aduciendo que deben respetar la Ley de Secretos Oficiales.  

Los partidos con miembros espiados, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCat y CUP, además de Unidas Podemos, PNV, BNG, Más País y Compromís han suscrito una petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre este escándalo político.

Legalizar «marrones»

El propio general Félix Sanz Roldán fue quien en 2015, siendo director del CNI, y con la autorización política de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo una reforma de calado en la estructura del espionaje español para crear la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Fue a través de una denominada «orden comunicada», que suelen tener rango de «reservada» y cuyo contenido es mantenido en «secreto».

Pese a la rimbombante denominación, los periodistas Fernando y Miguel González, especializados en la materia, reconocen que lo que Sanz Roldán pretendía con ello era «organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando sus agentes desde la creación del servicio en 1977»; o si se prefiere, crear un «cajón de sastre» en el que «recalaron operaciones que, con dudosa cobertura, llevaba años asumiendo el centro, como la protección de la Monarquía frente a las amistades peligrosas del rey Juan Carlos, caldo de cultivo para chantajes y escándalos». Lo que en términos coloquiales se puede interpretar como legalizar «marrones» o adecentar temas turbios.

Y entre sus funciones se fijó también «la responsabilidad de vigilar al entorno de ETA», así como al «separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución».

Miguel González escribió en 2018 en ‘El País’ que a partir de la creación de esa unidad, «el CNI reforzó su presencia en Cataluña (actualmente tiene unos 160 agentes, a las órdenes de un coronel) y dio prioridad a la búsqueda de ‘información estratégica’: puso en la mesa del Gobierno los sucesivos borradores de las leyes de desconexión, que diseñaban el plan de ruptura con la legalidad; o una minuciosa radiografía de los 17.000 Mossos d'Esquadra, con un pronóstico sobre su actitud ante un eventual conflicto de lealtades».

A la vista de los antecedentes, todo hace pensar que quien estaría detrás de la investigación de decenas de independentistas catalanes y vascos sería esta Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, que alguna experiencia tiene en la materia, según los expertos.

«Siempre por medios legales»

En declaraciones efectuadas ayer en el Canal 24h de TVE, recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó dar detalles sobre las actuaciones del CNI y tampoco aclaró si cuenta con el programa Pegasus –lo que se da por hecho desde mediados de la década pasada–, alegando que todo lo relacionado con el centro de inteligencia está sujeto a secreto por ley.

Sin embargo, garantizó que tanto el Gobierno como el CNI «siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente». «Es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que el CNI no se puede defender» lamentó después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros mucho dirigentes políticos señalaran directamente al CNI como autor del espionaje múltiple.

En cuanto a que el CNI actúa siempre dentro de la legalidad, hay sentencias que confirman que esto no es así, como la de las escuchas en la sede de Herri Batasuna de Gasteiz, donde quedó acreditada la ilegalidad aunque no se quisieron ver probadas algunas responsabilidades personales. En otro caso, como el del reciente Sumario 13/13, el CNI se atribuyó en su momento la paternidad de la operación contra los abogados vascos, pero después la juez Ángela Murillo, en la sentencia, ha tenido que reducir su papel para encajarlo en la ley.

También es de dudosa legalidad la intervención de la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales en la detención en Alemania de Carles Puigdemont.

En cuanto al espionaje con Pegasus, debería contar con la autorización del Tribunal Supremo para ser legal y es más que cuestionable que una operación de este tipo tenga tras de sí la firma de ningún juez.