El abogado de la menor nacida durante el viaje migratorio de su madre camerunesa, a la que la Audiencia de Gipuzkoa ha concedido la nacionalidad española, ha manifestado que la niña, de 6 años, «ha tenido que luchar contra tres Estados» para poder acceder a sus derechos fundamentales.

José Alberto Navarro, uno de los abogados que ha llevado el caso, ha explicado este jueves en la jornada ‘Diálogo sobre menores en movimientos’ que la menor nació en la ciudad marroquí de Agadir en una casa particular y sin asistencia médica, motivo por el que no quedó registrada en el país.

Tras llegar junto a su madre, camerunesa, en patera a las costas andaluzas, esta trató de inscribirla tanto en la embajada marroquí en el Estado español como en el Ayuntamiento de Donostia, ciudad donde reside. Ambas solicitudes fueron denegadas.

Finalmente, el pasado miércoles la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en una sentencia que confirma una resolución anterior de un juzgado de lo Civil donostiarra, ha reconocido la nacionalidad española a la menor para evitar que «permanezca en el limbo de la apatridia» y sus derechos fundamentales no se vean mermados.

«El derecho a la nacionalidad es una llave para acceder a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad», ha expresado el letrado.

Ha considerado que tanto el juzgado como la Audiencia de Gipuzkoa han realizado una interpretación «extensiva y lógica» del Código Civil y han concluido que otorgarle la nacionalidad era la manera para que la menor «no fuese discriminada» por no poder acceder a sus derechos.

Navarro ha relatado que a lo largo de su estancia en Gipuzkoa, Ana ha podido acudir al colegio y acceder al sistema sanitario, pero que siempre gracias a favores de terceras personas.

«Con la buena voluntad de la gente han podido conseguir algunas cosas, pero los derechos fundamentales no se deberían recibir como un favor», ha proseguido.

El abogado ha manifestado que, pese a que han identificado dos casos similares con los que tienen previsto trabajar, los menores que se encuentran en situación de apátrida en el Estado son una minoría. «Estos niños existen, respiran y juegan en España, pero no tienen una identificación», ha precisado.

Pese a todo, la sentencia que otorga la nacionalidad a Ana no es firme y puede ser recurrida al Tribunal Supremo. Ante esa posibilidad, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha subrayado que las situaciones en las que se encuentran los menores migrantes nacidos en tránsito «son casos de injusticia reparables».

Ibarra ha incidido en que la decisión de otorgarle la nacionalidad a esta menor es aplicable a todos los menores apátridas y ha expresado la necesidad de que más audiencias provinciales se pronuncien en la misma línea que la de Gipuzkoa.