Dos días después del último fallecimiento de un migrante en las aguas del Bidasoa, cientos de personas han salido este lunes en defensa de los derechos de las personas refugiadas y han exigido «vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo» en las manifestaciones realizadas en Bilbo, Gasteiz e Iruñea con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Este domingo se convocó en Donostia una movilización con el mismo lema, ‘Seamos Refugio. Acoger sin discriminar’, que partió desde el Aquarium.

En las movilizaciones convocadas por más de una treintena de colectivos, los manifestantes han exigido que se garantice a las personas migrantes y refugiadas llegar tanto al Estado español como a Euskal Herria sin poner su vida en riesgo, facilitando vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo.

En este sentido, los organizadores han recordado que tras la invasión rusa, la Unión Europea aplicó por vez primera la Directiva 2001/55, que otorga protección temporal generalizada a las ucranianas y ucranianos que salen del país. «Nos gustaría poder decir que esta respuesta es la habitual. Pero no es así. Nunca antes se había aplicado esta directiva, ni tan siquiera en el caso de crisis tan graves como la de Siria o Afganistán», han recalcado.

La realidad, según los colectivos, es que «la mayoría de quienes consiguen llegar al Estado Español huyendo de la persecución se enfrenta a una carrera de obstáculos que dificulta enormemente su incorporación a nuestra sociedad». Así, han criticado la «lentitud» para realizar los trámites para la solicitud de asilo, teniendo en cuenta además que «normalmente se resuelven con una denegación» que después se traduce en irregularidad.

Son los refugiados y refugiadas de segunda, han remarcado, que huyen de guerras y conflictos olvidados y que se topan con los intereses geoestratégicos, económicos y comerciales de los países de destino. «Son mujeres que escapan de violencias machistas; personas que son perseguidas por su orientación sexual o por su identidad de género; o incluso poblaciones a las que se les esquilma sus medios de vida por la intervención de multinacionales que degradan su entorno natural», han añadido.

El «muro legal» al que se enfrentan estas personas cuando llegan viene precedido, de acuerdo con los colectivos, de un tránsito largo y violento que, en ocasiones, «acaba de la peor manera posible». «Solo en 2021, al menos 2.126 personas murieron en la frontera sur española. Las políticas migratorias están en el origen de este drama humanitario. La externalización y militarización de las fronteras, la ausencia de vías legales y seguras, obliga a utilizar rutas cada vez más peligrosas, especialmente para las mujeres», han denunciado.

Y han añadido que el giro histórico del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental ha tenido como efecto inmediato el «descenso de los flujos migratorios en Ceuta y Melilla». «En contra de la legalidad internacional, Marruecos refuerza así su control sobre el 70% de la producción mundial de fosfatos y de los ricos bancos de pesca de ese territorio», han expresado.

Exigencias para la integración

Por todo ello, los colectivos convocantes han exigido cesar las devoluciones ilegales de personas que llegan a Ceuta y Melilla y dejar de aplicar asimismo los criterios estándar de resolución, con denegaciones generalizadas en función de nacionalidades, y estudiar las solicitudes de protección internacional de manera individual.

«Es necesario además terminar con una política de fronteras al servicio de los intereses económicos de los países receptores, que deja a muchas personas varadas tanto en países de origen como de tránsito, donde sus derechos humanos no son respetados», han añadido.

De este modo, han exigido el fin de la «instrumentalización de las personas migrantes y refugiadas», que son utilizadas como herramienta de presión política», y han reclamado además asegurar «el acceso al derecho de asilo a todas las personas independientemente de su país de origen».

Los colectivos apuestan por habilitar vías de regularización extraordinaria que permita a las personas migrantes y solicitantes de asilo acceder a un estatus legal regular.

Para ello, ven necesario «garantizar el acceso a vivienda social, recursos y prestaciones sociales» o «facilitar el acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos grupales de trabajo psicológico que faciliten que las personas se recuperen de las situaciones traumáticas de las que vienen». 

No obstante, también creen que es imprescindible «combatir los discursos discriminatorios y xenófobos adoptando medidas de prevención» y «llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a la población local, que favorezcan la inclusión y convivencia con las personas refugiadas y migrantes, como las estrategias antirrumores».