El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que el Estado español «violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña» al suspender de sus funciones públicas a encausados en el «procés» antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum del que se van a cumplir ahora cinco años.
El fallo da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El comité subraya que los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión (que exige un alzamiento violento) pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia.
Anteriormente (2019) este Comité de Derechos Humanos de la ONU ya dio la razón a los líderes catalanes considerando su estancia en prisión «arbitraria» e instando a liberarlos «inmediatamente».
«Con mayor rigor»
La suspensión de los cuatro denunciantes se había decidido en julio de 2018 con arreglo a la Ley de Enjuiciamento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos sólo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición.
«Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito», comentó al presentarse el dictamen uno de los 18 miembros del comité de Naciones Unidas, la francesa Hélène Trigoudja.
La integrante del comité que preside la griega Photini Pazartzis agregó que «la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado».
Los dictámenes del comité, un mecanismo que se define como «cuasi-judicial», deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos el Estado español), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.
«El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica», aclara este órgano.
En principio, la decisión tomada hoy concierne únicamente a los cuatro denunciantes, representados por el abogado Nico Krisch, y no al resto de los encausados por el «procés».
La denuncia fue presentada el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con una visita a Ginebra del president en el exilio Carles Puigdemont.
Puigdemont: «Otro bofetón al Estado español»
Carles Puigdemont ha celebrado el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de este miércoles sobre los expresos del 1-O y ha asegurado que es «otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos».
«Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia», ha escrito en un tuit de este miércoles.
Una altra bufetada des de Nacions Unides a la cara de l'Estat espanyol per la violació de drets polítics dels nostres representants. Els responsables d'aquella violació no poden donar lliçons de democràcia i haurien d'assumir responsabilitats. Van fer un cop a la democràcia. https://t.co/d3fFtvYpvP
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2022
Comunicado conjunto de ERC y Junts
En un comunicado conjunto, ERC y JxCat señalan que, tras el dictamen, el Estado español «está obligado a cesar sus políticas represivas y que no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación y el derecho a la representación parlamentaria».
Los dos socios de coalición en la Generalitat de Catalunya han agregado que «el sistema judicial español continúa fuertemente politizado a pesar de muchos llamamientos internacionales de reforma», y señalan que «el mal uso del Estado de derecho vulnera derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, y subvierte las bases de la democracia».
Está previsto que este viernes se celebre una rueda de prensa en Ginebra (Suiza) con algunos de los solicitantes de la demanda, así como con sus abogados, han informado ambas formaciones.
Destacados dirigentes de ERC y JxCat se han hecho eco en sus redes sociales del dictamen de Naciones Unidas: la portavoz adjunta de los republicanos en el Parlament y exconsellera del Govern de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, ha tildado de «muy buena noticia» el dictamen, y ha pedido la amnistía.
También se ha referido al dictamen la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella (ERC), que ha afirmado que la verdad «siempre encuentra el camino», que el Estado «vulneró derechos y libertades» y que lo que hizo «no tenía nada que ver con el derecho».
Por su parte, el secretario general de JxCat y exconseller de Presidencia del gobierno de Puigdemont, Jordi Turull, ha celebrado «la nueva victoria internacional del independentismo contra el Estado español y sus represores con toga». «No hay que abandonar nunca la tarea ni la esperanza», ha agregado, citando al filólogo Pompeu Fabra.
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) August 31, 2022
Molt content d’aquesta nova victòria internacional de l’independentisme vers l’Estat espanyol i els seus repressors amb toga. Infinites gràcies @NicoKrisch @casals_neus per l’excel·lent feina. #independència o #independència pic.twitter.com/BBXAFVU5fs
También se ha referido a ello la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, actual líder de JxCat: «Suspender derechos de diputados es muy grave y ahora lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de la ONU».
Supendre drets de diputats és molt greu i ara ho reconeix el Comitè de Drets Humans de l’ONU. El VP @junqueras i els consellers @joseprull @jorditurull i @raulromeva van veure vulnerats els seus drets. Gràcies per persistir, perquè persistir és vèncer.
— Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 31, 2022
👏🏼 @casals_neus @NicoKrisch https://t.co/uOyns0pyvE
En respuesta a ese mensaje Borràs, la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula (JxCat), ha emplazado a ERC y la CUP a «tener en cuenta» el dictamen para «revertir la injusticia» que supone, bajo su punto de vista, la suspensión de Borràs como presidenta el pasado julio, debido a su vinculación a un caso de presunta corrupción.
La CUP pide que se condene al Estado español
La CUP ha reclamado que el Estado español «sea condenada» tras conocerse este miércoles el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos civiles y políticos. «De nuevo, la ONU pone en evidencia que el Estado español es antidemocrático", ha destacado la formación anticapitalista en un apunte en Twitter.
Asimismo, la CUP ha reclamado que «la vulneración de derechos humanos no quede impune, que el Estado sea condenado y sus responsables asuman responsabilidades».
De nou, l'ONU posa en evidència que l'Estat espanyol és antidemocràtic donant la raó a @junqueras, @joseprull i @jorditurull
— CUP Països Catalans (@cupnacional) August 31, 2022
Que la vulneració de drets humans no quedi impune, que l'Estat sigui condemnat i els seus responsables assumeixin responsabilitats. https://t.co/d9IYhsskjm
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