Ocurrió la tarde del 3 de julio de 2021. Orduña, cámara de Ahotsa, grababa una protesta de las juventudes del PC frente a la inmobiliaria Cidenar. Un agente de paisano le abordó y le exigió que cesara la grabación, le pidió que se identificara y le comunicó que le iba a denunciar. Se amparó en que la llamada Ley Mordaza prohíbe publicar imágenes de policías, cuando estas pueden poner en peligro su seguridad. 

El periodista bajó la cámara, pero mantuvo el audio encendido. De este modo, todo lo sucedido desde que le abordó el policía de paisano quedó registrado. 

Unos días después llegó la denuncia, firmada por un agente con su número. En ella se recogen agravantes como el «uso de amenaza o intimidación» y el empleo de una prenda u objeto para cubrirse el rostro (se trataba de la mascarilla obligatoria en aquella fechas). 

El relato del agente incluye el hecho de que Orduña mandó a través de Telegram las imágenes que había tomado, burlándose de la orden que le dio el agente. «Profirió frases como (sic): ‘no me va a pasar nada y me limpio el culo con vuestras normas españolas’», recoge la propuesta de sanción, que ascendía a 601 euros.

Es esta última acusación, esta frase puesta en boca de Orduña, la que ha dado pie a la querella contra el agente, la primera registrada por un periodista en Nafarroa por este motivo. Dichas palabras necesariamente deberían haber quedado registradas en el audio presentado al juzgado. Y no aparecen. 

El policía se ratificó en que el periodista había pronunciado una frase comprometedora que el audio desmiente.

J. Beaumont, abogado: "Hemos podido probar que el agente falseó los hechos porque el periodista de @AhotsaInfo lo grabó todo"

Querella de @AhotsaInfo
contra un policía por falsear denuncia #LeyMordaza

 Completo ⤵️ https://t.co/wdAafNCokh#FaltsukeriariGerra #AhotsaAurrera pic.twitter.com/yUvvFulaxG

— Ahotsa.info (@AhotsaInfo) November 25, 2022

Los abogados de Orduña realizaron un par de acciones previas para apuntalar los argumentos antes de querellarse. De una parte, remitieron un escrito al Ayuntamiento, dando opción al agente a retractarse. No lo hizo. «Me ratifico en lo anterior dando continuación al expediente sancionador», respondió el agente usando su número identificativo.

En ese momento, se produce otro de los momentos claves del proceso. Los abogados enviaron entonces al Ayuntamiento la grabación de audio que probaba la falsedad en la que había incurrido el agente. Se le advirtió a la instructora del caso de que había sospechas de que, al mentir en la denuncia, el policía hubiera cometido en un delito de falsedad en documento público. Debía iniciarse, pues, una investigación interna.

La comisaría lo tapa

Pasaron varias semanas desde que se envió el audio a la comisaría y, al no obtener respuesta, el periodista se interesó por cómo se había resuelto la denuncia. Desde el Ayuntamiento le informaron de que la multa que le habían impuesto había quedado archivada.

El periodista no quedó conforme y decidió solicitar el expediente completo. Y lo que se encontró es con una documentación firmada por un abogado del Ayuntamiento, Javier García Martínez, que consideraba que la sanción debía retirarse.

El motivo que alega García, sin embargo, no es la inclusión de elementos inculpatorios inventados por el policía, sino el hecho de que en las imágenes que se grabaron antes de obligar a bajar la cámara, el agente sale con mascarilla y apenas unos segundos. No era posible identificarle y, por tanto, la grabación que realizó el cámara de Ahotsa no era sancionable. En otras palabras: la actuación del cámara era periodísticamente correcta, incluso bajo la Ley Mordaza. 

El abogado del Ayuntamiento omitió en su informe las pruebas que apuntan hacia la falsedad documental.

El abogado del Ayuntamiento, sin embargo, omite en su informe las pruebas que se le notificaron y que apuntan a que el agente incurrió en falsedad documental al poner en boca del periodista palabras no dijo y atribuirle una actitud violenta que en ningún momento se aprecia en la grabación.

Esta elusión reviste especial gravedad, pues apunta a que no solo hay agentes municipales en Iruñea dispuestos a perseguir la actividad periodística saltándose la ley, sino que en la comisaría no se trabaja para erradicar esta práctica y, para ello, se dejan de lado pruebas de peso en las instrucciones. Los responsables, aparentemente, le encubrieron. Esto, según se indica en la querella, puede interpretarse como un delito de omisión de perseguir delitos por parte de quienes instruyeron el expediente.  

«El agente ahora denunciado era plenamente consciente de que estaba falseando lo sucedido. Su intención era la de perjudicar al querellante y todo ello por una animadversión política hacia él. El agente era consciente de que la presunción de veracidad que le otorga la ley difícilmente suele desvirtuarse y probablemente estaba convencido de que no había forma de probar lo contrario», asegura el letrado del periodista, Josu Beaumont, del bufete Zuzenki, en la propia querella. 

Miedo a represalias

«El año pasado me cayeron dos multas usando la Ley Mordaza por hacer mi trabajo. No estoy tranquilo, sino preocupado. Tengo preocupación a la hora de hacer mi trabajo y a la hora de andar por la calle. El policía sabe quién soy y dónde vivo. Yo no sé ni quién es. Hay un número, pero llevaba mascarilla. Ni le reconozco si le vuelvo a ver. Voy a seguir con mi trabajo, pero tengo miedo de tener más denuncias», confiesa Orduña. 

El medio para el que trabaja, Ahotsa, ha decidido respaldar al profesional en su búsqueda de justicia. «Tenemos derecho a ejercer la labor informativa sin ningún tipo de presión por parte que quienes deberían velar por nuestros derechos. Seguiremos dando voz al movimiento popular y asociativo. No nos van a callar», ha comentado Miguel Ángel Llamas (‘Pitu’) a las puertas del juzgado.