El Estado español como «cerrojo» europeo. Es la conclusión a la que llega la ONG PorCausa, especializada en migraciones y en cómo el sector público actúa con los migrantes. Incluso el gobierno progresista de coalición en Moncloa no ha frenado una maquinaria que se ha vuelto una rentable industria de control migratorio con muchos beneficiarios económicos y espacios oscuros que evaden ser auditados.

Los resultados vienen de una investigación realizada por esta ONG de unos 2.900 contratos del Gobierno del Estado relacionados con el control migratorio, que van desde 2014 hasta abril de 2022 y que comprenden el gasto público de casi 1.000 millones de euros. El informe se hizo en cooperación con el periódico ‘El Confidencial’, que aportó recursos como equipo y visualización.

Los datos son decenas y exhiben paradojas como esta: ocho de cada diez personas sin papeles en el Estado español proceden de América Latina (la mayoría son mujeres), y sin embargo, ocho de cada diez euros públicos gastados en control migratorio van a parar a la frontera sur, equipada con la última tecnología. Buena parte de esos fondos tienen la Comisión Europea como origen.

Un gran negocio, una gran opacidad

José Bautista es periodista de investigación, colaborador del ‘The New York Times’ y miembro de PorCausa y ha sido el jefe de equipo de toda esta pesquisa. «Este es un tema bandera para nosotros. El concepto de industria del control migratorio es de hecho una idea de PorCausa, acuñado por nosotros y el interés en investigar obedece a que siempre se enfocan todos los estudios en las víctimas pero también es importante ver quién gana con esta industria. Por eso auditamos todo el gasto que hace el control, desde los calcetines que les da a los migrantes hasta las luces de los centros», dice en entrevista con NAIZ.

«Hay mucho dinero en juego, el flujo irregular ha crecido mucho desde 2018 porque ahora vienen por Gibraltar, Ceuta, Melilla y Canarias»

Cuando se le pregunta sobre quiénes ganan y cómo es este negocio del control de migrantes, responde: «La tónica habitual es la opacidad. Hay muchísimo dinero en juego, solo hemos auditado contratos públicos. Hay también sueldos de las fuerzas desplegadas, personal de Interior y Exteriores y esto crece desde 2012. En España el flujo irregular ha crecido mucho desde 2018 porque quienes venían a Europa desde Oriente Medio ahora lo hacen por Gibraltar, Ceuta, Melilla y Canarias, ya que la ruta de los Balcanes se cerró en 2015 y la de Libia en 2018».

Según Bautista, el origen de esta industria creciente es cuando «se meten tijeretazos» en los presupuestos de Defensa y las empresas de seguridad buscan diversificarse tras la crisis de 2008 y encuentran este nuevo nicho. Algo paradójico ya que el aumento de los fondos (Frontex va camino a contratar 10.000 personas próximamente) no se ve reflejado en una menor incertidumbre y dolor en la migración.

El caso español como laboratorio

«El caso español es interesante porque sirve como laboratorio. Se pone a prueba la tecnología y esto se replica en otros países. Por ejemplo, España puso en práctica una red de radares para controlar fronteras en el mar y esa red gestionada por Indra hoy la empresa la replica en Francia. Presumen de encontrar un pedazo de madera en un metro cuadrado de mar pero la gente sigue muriendo. Otro ejemplo es que en 2007 el Gobierno de Zapatero empezó a instalar concertinas fabricadas por una empresa de Málaga, que ahora se internacionalizó y las instala en Hong Kong, Bielorrusia, etc. En España se pone a prueba mucha tecnología antimigratoria y luego se vende en todo el planeta».

«En España se pone a prueba mucha tecnología antimigratoria y luego se vende en todo el planeta»

La investigación de PorCausa también puso sobre la mesa nombres conocidos por otros motivos o nichos que también se benefician del control migratorio. Es el caso de Florentino Pérez, que más allá del Real Madrid, posee una red de empresas enorme de telecomunicaciones, seguridad, personal de limpieza, etc. «Él hace mucho negocio con las vallas de Ceuta y Melilla y con los centros de integración de extranjeros. Suministra guardias, limpieza, alimentación. Es el ejemplo de los empresarios que critican el intervencionismo del Estado pero viven de los fondos públicos», opina Bautista.

Otras empresas que ven rédito y son muy conocidas son Air Europa (que se enriquece con los vuelos de deportación) y El Corte Inglés (suministra material de oficina a las cárceles de migrantes). Según el reporte de PorCausa, las empresas que más se benefician de esto (20 corporaciones reciben el 60% de los fondos) están repletas de puertas giratorias. Han llegado a contar 120: expresidentes, exministros y ex altos cargos de la Casa Real y de la Guardia Civil. 

Se utiliza la Ley de Secretos Oficiales  

«Se trata de un negocio enorme y muy poco conocido. A ninguna empresa le interesa quedar mal porque esto es un negocio sucio y porque muchas empresas tienen relaciones estrechas con grupos de comunicación como Vocento o Prisa y es tema muy sensible, en todo el mundo. La mayoría de los políticos también lo ignora bastante, salvo en Podemos, o Maria Dantas, de Esquerra Republicana, que es la diputada más activa que denuncia estos negocios. Esto es legal pero inmoral», recalca.

Cuando el jefe de la investigación habla de opacidad se refiere a que, aunque la mayoría de los contratos son lícitos, hay intentos de esconderlo porque «se utiliza la Ley de Secretos Oficiales para que los medios no tengan acceso a muchos contratos. Muchos se pueden ver porque son del Estado pero si la empresa subcontrata con terceros, ya no se les puede exigir legalmente que enseñen los contratos y gastos».

Además, explica que en los casos que no se pudo ver los contratos, fuentes de las FSE los dieron confidencialmente y gracias a eso la investigación llegó a tal envergadura.

Un ejemplo: para la modernización de las vallas de Melilla, el Gobierno ficha a Tragsa y esta subcontrata a otras. Tragsa se niega a facilitar información requerida y al ser empresa privada, la ley no ampara a los medios para pedir más. Sucede igual con Cruz Roja y la ‘crisis’ de Arguineguín (Canarias).

Lobby brutal en Bruselas

«España riega de millones de euros a algunas empresas acusadas de romper embargos para suministrar casos y sistemas de interceptación de teléfono para dárselo a países africanos. Se utiliza dinero de contribuyentes para regalar material militar a Gambia, Burkina Faso y Nigeria, y por supuesto a Marruecos. Toda esta industria antimigratoria tiene un lobby brutal en Bruselas y capacidad de presión», añade.

Por otro lado, remarca que la mayoría de los contratos analizados se han adjudicado a dedo «y el Gobierno alega que fue por razones de urgencia, cuando muchos son previsibles».

Interior, el eje

Según PorCausa, fuentes de las FSE expresaron en discreción su «preocupación» por la creciente presencia de compañías del Estado francés en el control fronterizo español, debido a que son empresas próximas al Gobierno galo, principal aliado de Marruecos, y temen filtraciones de información sensible.

Otro dato interesante es que el ministerio alfa en la articulación de toda esta industria es el de Interior, a cargo desde 2018 del ministro Grande-Marlaska. El estudio da cuenta que cinco de cada diez euros analizados salen de esa cartera. «Hay muchas áreas involucradas en todo esto, como Defensa, Exteriores, Moncloa, autonomías, pero la principal es Interior», afirma Bautista.

Los aviones low-cost de Babcock llegaron a sobrevolar el mar sin más capacidad de visión que los ojos de sus pilotos

Según PorCausa, el Gobierno fomenta criterios empresariales para el control migratorio priorizando el beneficio económico, con la contradicción moral que estamos hablando del cuidado de seres humanos. Por ejemplo Babcock, una empresa inglesa con modelo low-cost, gestiona el servicio aéreo de Salvamento Marítimo (por 270 millones de euros). Sus aviones de rescate llegaron a sobrevolar el mar con radares rotos y por tanto su única capacidad de visión acabó siendo los ojos de sus pilotos (es decir, dos millas náuticas contra las 30 de los radares). Difícil precisar cuántas personas murieron en el mar por esta negligencia, encima pagada con fondos públicos.

Al preguntarle sobre cómo contempla el futuro para esta industria de dudosa moral, Bautista responde: «Todo apunta a que seguirá creciendo, por desgracia. Quienes nos gobiernan piensan a corto plazo y tienen barra libre para despilfarrar este dinero aunque haya otros muchos problemas». El año electoral entrante, en el que el voto del miedo al migrante y a la pérdida del orden es muy atesorado por el bipartidismo especialmente, no permite ser muy optimista.