La Justicia griega ha suspendido este viernes un primer proceso contra 24 personas procesadas por ayudar a migrantes, en una anulación que ha venido dada por fallos de procedimiento y a la espera de la posibilidad de la apertura de nuevas diligencias que, en el peor de los casos, podrían acarrearles una acusación de pertenencia a organización ilegal de contrabando.

El proceso actual acusaba a estos cooperantes de delitos como espionaje o falsificación, que podrían haber comportado una pena de hasta ocho años de cárcel.

La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, había explicado que los cargos derivaban de las labores de auxilio a migrantes y ponen en tela de juicio la labor de una ONG que rescató entre 2016 y 2018 a más de mil personas y proporcionó todo tipo de asistencia ya en tierra, en la isla de Lesbos.

Estos fallos de procedimiento, entre los que existe, por ejemplo, la ausencia de una traducción del pliego de cargos a cooperantes extranjeros imputados como el alemán criado en Irlanda Seán Binder o la siria Sarah Mardini (quien llegó a Lesbos en 2015, precisamente como refugiada), han provocado la suspensión de un juicio que ya no podrá reanudarse porque las acusaciones van a expirar el mes que viene.

Ningún acusado ha sido exonerado

En una reacción a la suspensión, Binder ha lamentado que ningún acusado haya sido realmente exonerado de los cargos. «Y como vuelvan a aplicar esta misma táctica en un próximo juicio, nos quedan 15 años más de espera», ha lamentado a su salida de los juzgados en un vídeo publicado por la diputada de los Verdes irlandeses Grace O'Sullivan.

Amnistía Internacional repudia igualmente una «farsa» de proceso, como ejemplifica la ausencia de traducción, y recuerda que existe pendiente una investigación adicional tras la cual los cooperantes podrían acabar acusados de delitos todavía más graves, como el contrabando de personas, o pertenencia a organización criminal.

La ONU pide retirar los cargos

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha pedido la retirada de todos los cargos contra la refugiada y activista siria Sarah Mardini y otros 23 miembros de la ONG Centro de Respuesta Internacional a la Emergencia (ERCI), dedicada al rescate de migrantes.

La portavoz de la oficina, Elizabeth Throssell, ha alertado que juicios contra defensores de los derechos humanos como el que este pasado martes, 10 de enero, comenzó en Grecia pueden causar un «efecto paralizador» en otras organizaciones que llevan a cabo operaciones similares a las de ERCI en ese y otros países de la Unión Europea.

Según Throssell, antes del comienzo de este proceso judicial en el año 2018, ERCI había ayudado a más de un millar de personas a alcanzar las costas de Lesbos. En este sentido, la portavoz ha destacado que «salvar vidas y prestar ayuda humanitaria nunca debe ser objeto de criminalización o persecución».

Throssell ha recordado que Grecia no realiza actualmente ninguna operación civil de rescate en sus costas, donde casi 500 migrantes han muerto ahogados desde 2021.

Además, la portavoz ha manifestado la preocupación de la oficina de derechos humanos de la ONU en lo relativo a la legislación de algunos países europeos contra el tráfico ilícito de migrantes, que «utilizan la ley para criminalizar tanto a estos como a las organizaciones que los ayudan». Throssell ha citado los casos de Grecia, Italia, Malta y Hungría.