Cinco mujeres, activistas en distintos movimientos sociales de Barcelona, dieron un paso al frente y presentaron el pasado martes una querella en los juzgados de la capital catalana contra un agente de la Policía española por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles, entre los años 2020 y 2022 en los que el agente se habría infiltrado en estos movimientos.

El Gobierno español, que hasta ahora ha guardado silencio, ha trasladado al policía a una embajada, según la información publicada este viernes por ‘El Español’ citando fuentes judiciales y policiales, «con el fin de protegerle ante las previsibles críticas y reproches».

Sin embargo, la información también apunta al «premio» que supone este traslado, ya que afirma que «los puestos en embajadas suelen ser los más demandados por los agentes de la Policía y de la Guardia Civil» porque «los jugosos sueldos son un incentivo». El mínimo suele rondar los 10.000 euros mensuales pero puede aumentar si es una ciudad muy importante, muy lejana o muy peligrosa. Con estos pluses, los sueldos pueden duplicarse y alcanzar los 20.000 euros mensuales.

Precedente británico

La respuesta choca con el único precedente conocido, correspondiente a un caso del Reino Unido. Varias denuncias y una investigación publicada por el diario británico ‘The Guardian’, obligaron al Gobierno de Theresa May a realizar un informe oficial sobre agentes policiales infiltrados en movimientos sociales. Según los datos oficiales, desde 1968, al menos 139 agentes británicos se integraron en estas organizaciones con identidades falsas. En muchas de ellas, utilizando las relaciones sexoafectivas para lograr información o integrarse en los grupos, llegando incluso, varios de ellos, a tener hijos.

Durante aquel plan, Scotland Yard autorizó robar identidades de al menos 80 niños muertos para crear esos falsos activistas.
El caso más conocido fue el de Mark Kennedy, ya que el Tribunal de Poderes de Investigación, un ente independiente del Gobierno británico que investiga abusos cometidos por organismos públicos británicos, condenó al agente, a Scotland Yard y al Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) a pagar 229.000 libras a la activista ambientalista Kate Wilson, con quien había mantenido una relación de dos años. Consideró «un abuso de primer orden» y que había vulnerado el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, derecho al respeto a la vida privada y familiar, derecho a la no discriminación por razones de género, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de asociación.

Scotland Yard y el NPCC aceptaron que las acciones de Kennedy equivalían a una violación de esos derechos, pero negaron que otros oficiales supieran o sospecharan de la relación. El tribunal concluyó: «Este no es solo un caso sobre un oficial de policía renegado que se aprovechó de su despliegue encubierto para satisfacer sus inclinaciones sexuales, aunque este aspecto del caso es incuestionablemente grave. La operación encubierta no podía justificarse como “necesaria en una sociedad democrática” y revela fallas preocupantes y lamentables en los niveles más fundamentales de la democracia».

Además de la condena, el caso sirvió para que se pusiera en marcha un debate público muy profundo en el Reino Unido sobre cuáles son los límites de la Policía y dónde quedan las garantías democráticas y la libertad de asociación ideológica y expresión de los defensores de los derechos humanos. Las próximas audiencias judiciales están previstas para 2024.

Dos años infiltrado

La infiltración en Catalunya también salió a la luz gracias al trabajo periodístico. La publicó el lunes ‘La Directa’ y el martes cinco mujeres, activistas en distintos movimientos sociales de Barcelona, presentaron una querella en los juzgados de la capital catalana contra el agente de la Policía española por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles, entre los años 2020 y 2022 en los que el agente se habría infiltrado en estos movimientos. La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo «relaciones sexoafectivas», en el marco de su infiltración.

En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde el centro pro derechos humanos Irídia, que acompaña a las querellantes, no descartan «que se pueda ampliar el número de mujeres afectadas».

Las abogadas de estas mujeres insistieron en que la infiltración del policía supone «violencia sexual institucionalizada», dado que habría utilizado relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil.

Al respecto de los delitos de agresión sexual, argumentan que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente.

Consideran también que el agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas», con graves afecciones a su integridad física y moral e importantes impactos psicológicos, con la finalidad de conseguir información y castigar a estas mujeres por tener una implicación política».

Además, según las letradas, con la supuesta infiltración el policía habría «podido compartir toda esta información con sus jefes», motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos.

Otro caso

Según publicó el medio catalán, el agente comenzó su infiltración en junio de 2020, bajo la identidad de Daniel Hernàndez Pons, llegando al gimnasio del centro social La Cinètika.

El joven, que se definía como «anarquista», habría establecido varias «relaciones sexoafectivas». Al menos ocho mujeres han confirmado al medio algún tipo de relación y dos de ellas habrían establecido relaciones estables.

Durante sus meses en Barcelona también habría tenido varios enfrentamientos con la Policía en movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél o en diversos desahucios. El periplo del agente encubierto también incluyó un desplazamiento a Gasteiz para asistir a la primera edición del encuentro libertario de la ciudad, Topaketa Libertarioak, que se celebró entre el 16 y el 19 de septiembre de 2021 en Errekaleor. En octubre de 2022, desapareció de Barcelona, tras lo que ha mantenido algún contacto con su entorno de Barcelona mediante teléfono móvil.

Sin embargo, “La Directa” ha destapado este nuevo caso de infiltración, después de hacer lo propio hace unos meses con otro agente. Esta primera información se hizo pública el 7 de junio de 2022, con otro agente encubierto bajo el falso nombre de Marc Hernàndez Pon, prácticamente los mismos apellidos que el ahora descubierto. En el caso actual, el periódico catalán ha accedido a fotografías que muestran al supuesto Daniel Hernàndez en la escuela de Policía de Ávila en 2018 y 2019.

Silencio oficial

El conseller catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, remitió una carta al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pidió «respuestas urgentes» sobre las dos infiltraciones sacadas a la luz, aclarando quién dio la orden, con qué finalidad y si existe una orden policial. «Desde el Govern observamos con extrema preocupación e indignación estas operaciones policiales con indicios de finalidades políticas que busca perseguir y criminalizar determinados idearios» cuando se trata de organizaciones sociales y políticas «democráticas y legítimas», subrayó.

Elena, además, señaló que estas presuntas infiltraciones se suman al caso de espionaje político con el programa informático "Pegasus". «La persecución a determinadas ideas políticas no es propia ni aceptable en una democracia europea avanzada», concluye su misiva el conseller.

ERC, Junts y la CUP. así como EH Bildu y el BNG, registraron una solicitud de comparecencia del ministro español del Interior. Por su parte, Unidas Podemos registró una batería de cinco preguntas dirigidas al Gobierno, vía que también han empleado la CUP y Más País.