Cinco mujeres, activistas en distintos movimientos sociales de Barcelona, han presentado este martes una querella en los juzgados de la capital catalana contra un agente de la Policía española por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles, entre los años 2020 y 2022 en los que el agente se habría infiltrado en estos movimientos.

En rueda de prensa, las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella del centro pro derechos humanos Iridia y la CGT han anunciado la presentación de la querella, después de que el periódico ‘La Directa’ publicase ayer que un policía estuvo infiltrado durante dos años en colectivos sociales y sindicales, principalmente del barrio de Sant Andreu.

La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo «relaciones sexoafectivas», en el marco de su proceso de infiltración.

En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde Irídia no descartan «que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas», ha precisado la letrada Laia Serra.

Las abogadas han insistido en que la infiltración del policía supone «violencia sexual institucionalizada», dado que habría utilizado las relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil.

Al respecto de los delitos de agresión sexual, argumentan que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente.

Además, han recordado que la infiltración de agentes «solo tiene justificación legal en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo».

Consideran también que el agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas» con la finalidad de conseguir información y «castigar a estas mujeres por tener una implicación política», añade la abogada.

Además, según Serra, con la supuesta infiltración el policía habría «podido compartir toda esta información con sus jefes», motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos.

Infiltrado durante dos años

Según publicó este lunes el medio catalán, el agente comenzó su infiltración en junio de 2020, bajo la identidad de Daniel Hernàndez Pons, llegando al gimnasio del centro social La Cinètika.

El joven, que se definía como «anarquista», habría establecido varias «relaciones sexoafectivas» tanto en espacios festivos como a través de la aplicación de citas OkCupid. Al menos ocho mujeres han confirmado al medio algún tipo de relación y dos de ellas habrían establecido relaciones de pareja.

Durante sus meses en Barcelona también habría tenido varios enfrentamientos con la Policía en movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél o en diversos desahucios. El periplo del agente encubierto también incluyó un desplazamiento a Gasteiz para asistir a la primera edición del encuentro libertario de la ciudad, Topaketa Libertarioak, que se celebró entre el 16 y el 19 de septiembre de 2021 en Errekaleor. En octubre de 2022, desapareció de Barcelona, tras lo que ha mantenido algún contacto con su entorno de Barcelona mediante teléfono móvil.

Sin embargo, ‘La Directa’ ha destapado este nuevo caso de infiltración, después de hacer lo propio hace unos meses con otro agente. Esta información se hizo pública el 7 de junio de 2022, con otro agente encubierto bajo el falso nombre de Marc Hernàndez Pon, prácticamente los mismos apellidos que el ahora descubierto.

En el caso conocido ahora, el periódico catalán ha accedido a fotografías que muestran al supuesto Daniel Hernàndez en la escuela de Policía de Ávila en 2018 y 2019.