El Ministerio español de Interior ha enviado al agente de la Policía española que durante tres años se infiltró en movimientos sociales de Barcelona a una embajada, según publica este viernes ‘El Español’ citando fuentes judiciales y policiales, «con el fin de protegerle ante las previsibles críticas y reproches».

Sin embargo, también apunta al «premio» que supone este traslado, ya que afirma que «los puestos en embajadas suelen ser los más demandados por los agentes de la Policía y de la Guardia Civil» porque «los jugosos sueldos son un incentivo». El mínimo suele rondar los 10.000 euros mensuales pero puede aumentar si es una ciudad muy importante, muy lejana o muy peligrosa. Con estos pluses, los sueldos pueden duplicarse y alcanzar los 20.000 euros mensuales.

La infiltración la sacó a la luz el pasado lunes ‘La Directa’ y el martes cinco mujeres, activistas en distintos movimientos sociales de Barcelona, presentaron una querella en los juzgados de la capital catalana contra el agente de la Policía española por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles, entre los años 2020 y 2022 en los que el agente se habría infiltrado en estos movimientos.

Silencio del Gobierno español

Ante estas informaciones, el conseller catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, remitió una carta al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pidió «respuestas urgentes» sobre las dos infiltraciones sacadas a la luz por ‘La Directa’, ya que el periódico catalán destapó otro caso similar el verano pasado.

El conseller urgió a Grande-Marlaska a dar «respuestas urgentes», aclarando quién dio la orden, con qué finalidad y si existe una orden policial. «Desde el Govern observamos con extrema preocupación e indignación estas operaciones policiales con indicios de finalidades políticas que busca perseguir y criminalizar determinados idearios» cuando se trata de organizaciones sociales y políticas «democráticas y legítimas», subrayó.

Elena, además, señaló que estas presuntas infiltraciones se suman al caso de espionaje político a dirigentes independentistas con el programa informático ‘Pegasus’. «La persecución a determinadas ideas políticas no es propia ni aceptable en una democracia europea avanzada», concluye su misiva el conseller.

Del mismo modo, ERC, Junts y la CUP, así como EH Bildu y el BNG, registraron una solicitud de comparecencia del ministro español del Interior en el Congreso. Por su parte, Unidas Podemos registró una batería de cinco preguntas dirigidas al Gobierno, vía que también han empleado la CUP y Más País.

El caso ha llegado también al Parlamento Europeo, donde el eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas) ha preguntado a la Comisión Europea si estos hechos pueden constituir una vulneración flagrante de la carta de los derechos fundamentales de la UE.

Por el momento, el Gobierno español ha utilizado el silencio por respuesta, por lo que el traslado conocido hoy sería su primer movimiento tras destaparse la infiltración.