Ni figuran en esa categoría y todos los partidos del Ayuntamiento conocían desde junio de 2021 el tipo de estudio que iba a ser desarrollado y en base a qué clasificaciones. Así de contundente ha respondido la Sociedad de Ciencias Aranzadi a la ‘fake new’ lanzada por el PSE de Galdakao en relación a la página web sobre memoria de la localidad y en la que aseguraba que dos presos galdakoztarras, Xabier Garcia Gaztelu y Jon Bienzobas, figuraban como «víctimas de vulneración de derechos humanos».

Aranzadi recuerda que desde 2013 viene realizando en diferentes municipios proyectos de investigación histórica relativos a los periodos que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora ha denominado ‘Memoria Histórica’ y ‘Memoria Reciente’. Unos proyectos que buscan «generar una herramienta útil e integradora del conjunto de casos derivados de la violencia de motivación política en las últimas décadas».

En los mismos se aplican unos criterios de identificación y categorización que distinguen entre «víctimas de graves violaciones de derechos humanos y personas que han padecido sufrimientos derivados de la violencia de motivación política, pero que no pueden ser consideradas como víctimas de graves violaciones de derechos humanos».

En consecuencia, señala que las personas citadas por el PSE «no están siendo categorizadas como víctimas de graves violaciones de derechos humanos», sino en la categoría correspondiente a «política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales».

Explicada a todos los partidos, incluido el PSE

Además, se da la circunstancia de que la metodología aplicada en el proyecto «fue explicada de manera pormenorizada a representantes locales de todos los partidos políticos con representación municipal en Galdakao el 16 de junio de 2021, incluido el representante del PSE-EE». Durante esa exposición, «se respondieron a todas las dudas planteadas, se proporcionó un email y teléfono del responsable de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para consultar cualquier duda posterior a la reunión», añade el comunicado.

En consecuencia, continúa Aranzadi, «en los días sucesivos a la reunión y durante todo el proyecto (desde junio de 2021 a febrero de 2023), los representantes políticos presentes en aquella reunión pudieron dilucidar cualquier tipo de dudas contactando con el responsable de Aranzadi, y accediendo a las webs de otros municipios que utilizan los mismos criterios metodológicos y de clasificación de graves violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos derivados de la violencia de motivación política».

Con todo, fruto de la reunión del 16 de junio de 2021, «estos representantes se mostraron de acuerdo con la puesta en marcha del proyecto, por cuyo motivo se llevó a cabo la presentación del mismo el 23 de junio de 2021», concluye.

Una cuestión «electoral»

Sobre la polémica que ha querido generar el PSE en relación a esta cuestión, el historiador Javier Buces, responsable de este estudio encargado por el Ayuntamiento de Galdakao, ha remarcado que, para clasificar a las víctimas de derechos humanos, se han seguido los estándares internacionales, por lo que no tendrían cabida dentro de esta clasificación Garcia Gaztelu y Bienzobas.

Sin embargo, ha detallado que los nombres de ambos vecinos de Galdakao han sido incluidos dentro de un espacio «totalmente aparte». La inclusión de un apartado específico donde figuran las «personas afectadas por otros hechos de motivación política» y donde se recogen la «política penitenciaria y la aplicación de leyes excepcionales» responde al «debate» abierto en diferentes ayuntamientos y al «consenso» generalizado sobre la necesidad de «hacer un proyecto más integral», que contemple casos que no han sido investigados.

Teniendo en cuenta estas cuestiones y que el PSE conocía desde junio de 2021 el tipo de estudio que iba a ser desarrollado y en base a qué clasificaciones, ha enmarcado el modo de proceder de esa formación dentro de una «cuestión electoral».

Por su parte, responsables del equipo de gobierno de Galdakao han explicado que el Ayuntamiento encargó el informe a Aranzadi, pero no decidió los nombres de las personas recogidas en el estudio.