Colectivos antimilitaristas, ecologistas e internacionalistas han participado este sábado en la ‘XV Marcha Ciclista contra la Guerra, el Gasto y la Industria Militar’, que ha partido a las 11.00 desde el Palacio de la Diputación de Bizkaia.

Con esta marcha, Eguzki, Ecologistas Martxan, Biziz Bizi, Kakitzat, KEM-MOC, Komite Internazionalistak, La Guerra Empieza Aquí y Ongi Etorri Errefuxiatuak han exigido «el fin del gasto militar, el tráfico de armas y la conversión de la producción de las empresas armamentísticas vascas en civil».

Han denunciado el papel de ITP Aero, que fabrica componentes del avión de transporte militar Airbus A400M y del avión de combate Eurofighter. «ITP Aero reconoce que el sector bélico representa el 29% de su negocio debido a su participación en la fabricación del Eurofighter y al mantenimiento de las aeronaves del Ejército del Aire, con el que posee un contrato de 111,5 millones de euros», han señalado.

Y han finalizado el recorrido en Getxo, frente a Sener, «una empresa líder a nivel europeo en Sistemas de Actuación y Control (SAC) y en aplicaciones de Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Sistemas Integrados para los misiles TAURUS KEPD 350, IRIS-T, RBS 70 NG, METEOR y NSM».

«Sener es la segunda empresa del Estado Español en el sector ‘misiles’, la  sexta en el sector ’aeroespacial’ militar y la decimosegunda en el segmento de armamento. Además, colabora con la empresa de armamento israelí ‘Israel Aircraft Industries LTD’ a través del programa ‘VULCAN’ para el diseño de nuevos materiales aeronáuticos», ha explicado.

Han recordado que la CAV «factura 750 millones de euros por la producción de material militar, siendo la tercera comunidad autónoma del Estado que más factura tras Madrid y Andalucía».

Asimismo, han declarado que «en la industria militar vasca participan un centenar de empresas, las cuales venden el 80% de su producción a Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de países como Marruecos, Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, México, Brasil, España, obteniendo unos beneficios cercanos a los 150 millones de euros».

A todas ellas les han instado a seguir el camino de Orbea, «empresa que en su día se dedicó a la fabricación de pistolas, revólveres y todo tipo de armas cortas que segaron vidas, actualmente fabrica bicicletas, fomentando un estilo de vida saludable y amigable con el medio ambiente».

El papel de las instituciones

Además, han criticado la «creciente implicación institucional con las fábricas de armas vascas y la ampliación de los recursos destinados al militarismo frente a la actual realidad de recortes en sanidad, pensiones, políticas de igualdad, prestaciones sociales o acceso a una vivienda digna en un contexto de incremento del coste de la vida y agravamiento de las condiciones de subsistencia de las familias».

«Ejemplos de la complicidad institucional en el negocio de la guerra es el anunciado incremento del gasto militar para este año 2023: 27.617,43 millones de euros, el 2,17% del PIB. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aumentar en un 26% el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa, y alcanza los 12.827 millones de euros», han señalado.

Han censurado que se destinen «10.000 millones de euros en cazas, misiles, submarinos y buques de guerra: tanques Leopard y Pizarro, cazas Eurofighter y F35 y avión de combate F2000, submarinos clase S-80, helicópteros de ataque Tigre, NH-90 y Chinook CH47, avión de transporte militar A400, fragatas F-100 y F-110, misiles Meteor, Harpon y Taurus, etc. A lo que debemos sumar los 4.015 gastos consignados a las clases pasivas militares, los cuales crecen un 9,55%».

Y han advertido de que Lakua «tampoco se queda al margen, pues subvenciona con cerca de 100 millones de euros la industria militar ligada principalmente al sector aeronáutico».