La disolución de la organización ecologista Les Soulèvements de la Terre por parte del Gobierno francés ha sido revocada por el Consejo de Estado, en lo que supone un varapalo al ministro Darmanin. Considera que ni se trata de una decisión de urgencia ni está garantizada su legalidad, además de «vulnerar la libertad de asociación».

Los elementos aportados por el Ministerio del Interior para justificar la legalidad del decreto de disolución de Soulèvements de la Terre no parecen «suficientes», ya que ni los documentos ni los intercambios en la audiencia «permiten considerar que el colectivo respalde en modo alguno actos de violencia contra las personas».

Por el contrario, las acciones promovidas por el grupo ecologista en las que hubo daños materiales, se inscribían, según el Consejo de Estado «en la postura del colectivo a favor de iniciativas de desobediencia civil» y «fueron limitadas en número».

«Habida cuenta del carácter limitado y de la amplitud de los daños resultantes de estos ataques, los jueces del procedimiento sumario consideraron que existían serias dudas sobre si estas acciones constituían actos que perturbaban gravemente el orden público», precisa el comunicado.

En el marco de la reforma de pensiones

El anuncio de la disolución de Soulèvements de la Terre (que se traduce como "Levantamientos de la Tierra") se remonta al mes de marzo, una época en la que el Estado francés experimentaba una fuerte tensión social en medio del descontento generalizado por la reforma de las pensiones aprobada por decreto por el Gobierno de Emmanuel Macron.

El ministro de Interior, Gérald Darmanin, aseguró ante la Asamblea Nacional que los servicios de inteligencia habían demostrado que militantes de ese grupo son «responsables de importantes actos violentos», entre los que citó «invasiones de empresas, acciones contra las fuerzas del orden, destrucción de bienes, heridas a cientos de gendarmes o policías o llamamientos a la insurrección».

En concreto, Darmanin afirmó que Les Soulévements de la Terre participó en los enfrentamientos contra los gendarmes en una violenta manifestación no autorizada en Saint-Souline, en el oeste del país, donde hubo decenas de heridos, dos de ellos muy graves, y se incendiaron varios vehículos policiales.