El informe anual de La Cimade relativo a los centros de retención existentes en el Estado francés confirma una tendencia ya denunciada por la asociación en años precedentes.

Aunque el sentido de los centros de retención es el de facilitar que los procedimientos de expulsión de personas en «situación administrativa irregular» se materialicen lo antes posible, lo cierto es que los CRA llevan camino de convertirse en cárceles para gentes que «no han cometido ningún delito».

En 2023, el Estado francés encerró en esos establecimientos a un total de 46.955 personas, de las cuales 3.349 eran menores de edad. A destacar que la mayoría de esos encierros de niños se produjeron en la colonia francesa de Mayotte: 3.262.

De 261 a 351 en Hendaia

El aumento en la retención de personas se confirmó en el CRA existente junto a la comisaría de Hendaia, por el que en 2023 pasaron 351 personas frente a las 261 que fueron encerradas entre sus vetustos muros en 2022. En su mayoría procedían de Argelia, Marruecos y Túnez.

La Cimade ha hecho hincapié, durante la presentación de su informe anual este martes, en el incremento de los procedimientos de expulsión que son a posteriori desestimados al demostrarse pura y simplemente ilegales.

Maite Etcheverry, letrada: «La Prefectura ya no se detiene a analizar de manera personalizada los casos; se impone la lógica de expulsar cueste lo que cueste»

Para la letrada Maite Etcheverry, ese aumento de procedimientos que no llegan a materializarse obedece a la «política de cifras» que preconiza el Ministerio de Interior. El ministro Gérald Darmanin, en la senda de sus predecesores, da prioridad absoluta al objetivo de aumentar cada año el número de personas expulsadas de territorio hexagonal.

«La Prefectura ya no se detiene en analizar de manera personalizada los casos, porque se impone la lógica de expulsar cueste lo que cueste, lo que lleva a situaciones auténticamente aberrantes», destaca Etcheverry. Así, hace constar que un 55,3% de las personas que fueron retenidas el año pasado en el CRA de Hendaia quedaron puestas en libertad tras pasar ante un juez.

En algunos casos la liberación se produjo al constatarse que la medida de alejamiento o de expulsión no contaba con respaldo legal, y en otros tras superarse el periodo de 60 días de que dispone la Administración para ejecutar la expulsión.

Más encierros, menos expulsiones

La Cimade estima como especialmente preocupante el constante alargamiento de los periodos de encierro en los centros de retención.

Maite Etcheverry resume la situación en la idea de que «cada vez se retiene más, aunque luego eso no se traduzca en un aumento de las cifras de expulsiones».

En 2023 la tasa de expulsiones de personas encerradas en CRA alcanzó el 33,4%, por debajo del porcentaje del 37,1% que se marcó en 2022.

La retención dura cada vez más. De hecho, las personas que recalaron en el único CRA existente en Ipar Euskal Herria permanecieron de media 31 días, «por encima de las cifras que ofrece el Hexágono», confirma Julie Aufare, responsable de La Cimade en la Región de Nueva Aquitania.

La estancia media en retención se fijó el año pasado en 28,5 días en el conjunto del Estado francés, en neta progresión sobre los 23 días de media con que se cerró 2022.

En el CRA de Hendaia, que no dispone de servicio de psiquiatría, se encerró en 2023 a siete personas con patologías de salud mental graves

Se encierra más y además sin atender a las circunstancias humanas. En el CRA de Hendaia, que no dispone de servicio de psiquiatría, se encerró en 2023 a siete personas con patologías de salud mental graves, expone Clara-Lou Lagiere que, al igual que Maite Etcheverry, presta asistencia a personas retenidas en ese centro.

Una circunstancia que, sumada a otras como «el abatimiento, la falta de actividad, el miedo al retorno o la violencia derivada del encierro», se traducen en intentos de suicidio o en episodios de autolesiones.

33 padres de «hijos nacidos en Francia» fueron objeto de retención en 2023. Un tercio quedó posteriormente en libertad al priorizar la Justicia los lazos familiares frente a la causa administrativa de expulsión, aunque seis fueron finalmente alejados del Hexágono al considerar los tribunales que su ausencia «no implica un daño desproporcionado en la vida familiar».

La Cimade teme que la Ley de 26 de enero de 2024, que consagra ese frenesí de la expulsión, menoscabe nuevos derechos y degrade la situación, de por sí preocupante, que se vive en los centros de retención administrativa para personas extranjeras.

Velada en Borderline el 17 de mayo

De ahí que en la rueda de prensa ofrecida en Hendaia las representantes de este organismo hayan abogado por la regularización de las personas «en situación administrativa irregular» en el Estado francés y por el cierre de esos centros de retención.

La comparecencia ha tenido lugar en Borderline Fabrika, el café cultural sito junto a esa estación de tren de Hendaia ante la que monta guardia permanente una patrulla de la Policía francesa que tiene como misión interceptar a personas migrantes.

Borederline acogerá el próximo 17 de mayo una velada en la que, además de presentarse el informe anual de La Cimade, se ofrecerá una obra de teatro que explica la situación que se vive en un centro de retención.

Se anuncia también una ceremonia, bautizada como Charter Awards, destinada a censurar, mediante la parodia, la política de expulsión de personas que aplica la Prefectura.