EH Bildu ha anunciado que recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Azpeitia de desestimar el recurso de reforma que interpuso contra el archivo de una de las querellas por presunta malversación de fondos públicos y falsificación de documentos en la construcción de la AP-1, en el marco del ‘caso Bidegi’ relativo al tramo Arlaban-Eskoriatza, dictado en septiembre pasado.

Según ha explicado la coalición en una nota, la sentencia ahora conocida establece que «las contradicciones existentes entre los informes periciales aportados a lo largo de la larga instrucción no permiten continuar las presentes diligencias por los tramites del abreviado».

Cabe recordar que para archivar la querella el juzgado argumentó que un informe pericial independiente que pudiera aclarar los hechos, como planteaba la Fiscalía, resultaba demasiado caro.

EH Bildu considera «sorprendente» la razón principal del archivo, esto es, la ausencia de un informe pericial independiente. «En el caso de autos, esta instrucción no ha intervenido en los informes periciales en detrimento de los demás, sino que considera que las contradicciones entre los informes periciales presentados en la larga instrucción no permiten seguir estas diligencias por los trámites del abreviado, y todo ello porque no existe un informe pericial judicial independiente».

Esa situación «contradictoria», a su juicio, pone de manifiesto que, «desde el inicio del proceso, el elemento que EH Bildu puso encima de la mesa es aún más necesario, es decir, la necesidad de un informe independiente que aclare el caso, ya que aclararía si el sobre coste de las obras a resolver fue excesivo».

De esta manera, insiste en que un informe independiente haría «una aportación imprescindible para garantizar el derecho de la ciudadanía guipuzcoana a conocer la verdad».

La otra querella

En febrero pasado se conoció el archivo de la otra querella del ‘caso Bidegi’, que fue dado a conocer con satisfacción por la Diputación de Gipuzkoa.

Esta decisión también ha sido recurrida por EH Bildu, incidiendo en el derecho de la ciudadanía a conocer qué ha ocurrido con el dinero público.