Urnieta, la localidad de la que la Guardia Civil se llevó hace 31 años a Gurutze Iantzi para devolver solo su cadáver, ha acogido este martes el acto de recuerdo y demanda de la verdad sobre lo ocurrido, promovido por la Fundación Egiari Zor que reúne a víctimas de violencia estatal. También se ha evocado, cómo no, a Xabier Kalparsoro, fallecido en los mismos días en otra comisaría, esta vez de la Policía española. Pero el acto no se ha limitado al recuerdo sentido, sino que ha mirado al futuro; al reconocimiento y reparación pendiente para la inmensa mayoría de quienes padecieron las acciones del Estado, incluidas más de 5.000 personas torturadas.

Así, Pilar Garaialde, en nombre de Egiari Zor y también ella víctima, ha trasladado un emplazamiento al Gobierno que dirige Imanol Pradales: «Esperamos que esta legislatura sea la legislatura del reconocimiento».

Con tal objetivo, plantea tres cuestiones «sin más dilación»: abrir un nuevo plazo para tramitar solicitudes de reconocimiento en base a la ley 12/2016, algo que lleva tiempo siendo demandado por Egiari Zor; abordar el desarrollo de la propia ley «y equiparar las medidas de reparación», ante la evidencia de que existe una discriminación de fondo; y también fijar en el calendario anual «la conmemoración del día de las víctimas de la violencia del Estado».

«Anomalía democrática»

Lo han defendido remarcando que «a día de hoy hay miles de vulneraciones de derechos humanos sin reconocimiento oficial y sin posibilidad de acceso al mismo», lo que supone «una anomalía democrática que debe corregirse de inmediato. Llevamos demasiados años esperando».

En paralelo a estos emplazamientos al nuevo Ejecutivo de Lakua, Egiari Zor anuncia que pondrá en marcha «una dinámica de recogida de solicitudes que ayuden a abrir de nuevo la ley vasca de reconocimiento».

Aunque no lo han citado expresamente, estas medidas van en sintonía con las autocríticas y críticas hechas por la Comisión de Valoración encargada de dictaminar sobre las solicitudes de víctimas de violencia estatal. En el informe anual que presentó en octubre de 2023, sus miembros fueron muy claros respecto a los déficits de medios, procedimientos e incluso marco legal.

Así, además de señalar la carencia de peritos o las obstrucciones por parte de aparatos judiciales, la Comisión de Valoración expuso que «la redacción actual impide, para algunas personas reconocidas como víctimas, obtener los efectos apropiados de la norma».

En lo relativo a indemnizaciones, la Comisión de Valoración consideró «urgente» corregir las tipologías en que las víctimas «o no pueden ser indemnizadas o bien lo son de forma irrisoria, indigna de tal nombre». Entre ellas citó a las personas torturadas: «Hay que derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones, sean estas permanentes o no».

La situación a día de hoy, según ha expuesto Egiari Zor en Urnieta, es que «pronto en Hego Euskal Herria superaremos la cifra de 450 reconocimientos oficiales de mujeres y hombres que padecieron vulneraciones de derechos humanos causadas por la Policía, la Ertzaintza, la Guardia Civil, la extrema derecha, la Triple A o el Batallón Vasco Español».

Es producto del proceso abierto en la CAV en 2021 y en Nafarroa este 2024, en ambos casos tras ver cómo las leyes aprobadas por sus parlamentos eran recortadas por el Tribunal Constitucional español, además de la dilación consiguiente. Basta recordar la cifra referencial de al menos 5.000 torturados, al margen de otras violencias utilizadas por el Estado, para constatar que solo se ha alcanza de momento la punta del iceberg. Entre esos 450 casos ya reconocidos o a punto de hacerlo figuran 60 «con resultado de muerte».

«Aitortzaren garaia da», ha sido el subrayado final de Pilar Garaialde. Lo ha dicho después de saludar que «la sociedad de Euskal Herria ha dado muestras notables de una evolución más que positiva respecto a la defensa y respeto a los derechos humanos. La construcción de una convivencia en términos democráticos es el reto que compartimos y ha de ser el marco sobre el que deben apuntalarse las bases de no-repetición. Para ello es imprescindible continuar por la senda del reconocimiento oficial de quienes, como Gurutze o ‘Anuk’, carecen del mismo».

Versiones oficiales que ocultaron crímenes

El acto ha resultado sencillo pero emotivo, con detalles como el apunte de que Iantzi solo tenía 31 años cuando murió en el cuartel de Tres Cantos, los mismos que han pasado desde 1993 hasta hoy; y Kalparsoro, menos aún, solo 26. Se ha citado también a Juan Calvo, fallecido apenas un mes antes de aquello, cuando permanecía detenido en Arkauti.

Como viene haciendo Egiari Zor a lo largo y ancho de la geografía vasca con casos similares, ha denunciado que pasados tantos años haya que seguir «luchando por establecer la verdad de lo que nos hicieron» y para que «cada vulneración de derechos humanos sin excepción sea oficialmente censada, reconocida y reparada».

Garaialde ha subrayado que «la versión oficial construida para justificar la acción policial, para presentar algunas muertes como ‘naturales’ [caso de Iantzi] o para responsabilizar al fallecido de su propia muerte [como se hizo con Kalparsoro] ha servido para ocultar verdaderos crímenes».

Ha traído a colación las investigaciones iniciadas «muy deficientes», la denegación de pruebas testificales, las dilaciones indebidas, incluso la desaparición de pruebas periciales en varios casos, todo ello para «obstaculizar el camino hacia la verdad y posibilitar la impunidad de los responsables».

«Nunca hemos dado por buenas las versiones oficiales, ni aquí ni en ningún sitio, ni antes ni después», ha subrayado Pilar Garaialde.