Cuatro de los primeros 16 migrantes trasladados por Italia a Albania para gestionar sus solicitudes de asilo en centros construidos en ese país están de regreso a Italia, dos por ser menores y otros dos por su condición de vulnerabilidad, han confirmado a Efe fuentes de Interior. Este miércoles llegó el primer barco, entre críticas de las asociaciones humanitarias.

«Dos menores de Bangladesh y dos de Egipto en situación de fragilidad han partido hacia Italia», han indicado las fuentes sobre los migrantes que llegaron este miércoles a Albania, sin precisar más detalles.

Los cuatro integraban el grupo de 16 hombres -10 bangladesíes y 6 egipcios, rescatados el pasado domingo por la Guardia Costera italiana en aguas internacionales- que fue trasladado por un buque de la Marina militar italiana para proceder a su identificación y permanecer en los polémicos centros levantados por Italia en territorio albanés.

Los dos más jóvenes declararon ser menores de edad a su llegada a Albania, por lo que, como medida de precaución, regresan a Italia para ser evaluados por las autoridades encargadas, mientras que los dos egipcios muestran evidentes señales de fragilidad, según los medios locales.

Según el acuerdo alcanzado entre Italia y Albania, los migrantes trasladados a los centros albaneses de Schengjin y Gjader deben ser hombres adultos, mayores de edad y en buen estado de salud rescatados en aguas internacionales o italianas únicamente por los barcos de la Guardia Costera o de la Guardia de Finanzas.

Las mujeres, los menores y las personas en situación de fragilidad son llevados inmediatamente a Lampedusa y atendidos por el sistema de acogida italiano.

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, firmó este acuerdo en noviembre de 2023 con su homólogo albanés, el socialista Edi Rama, defendiéndolo como un posible «modelo» para Europa y como «una vía nueva y valiente» en el control migratorio. Además, ha asegurado que la jurisdicción en dichos centros será «italiana y europea».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto explorar la idea de desarrollar «centros de retorno» de migrantes fuera de la Unión Europea (UE) y señalado que se pueden «extraer lecciones» del acuerdo entre Italia y Albania.

Las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo han pedido que se cancele el acuerdo con Albania por «poner en peligro los derechos humanos y el derecho internacional», en un contexto de «externalización de las fronteras europeas».

Mientras que la oposición italiana acusa al Gobierno de gastar más de 800 millones de euros que podrían haber sido destinados a la Sanidad en una iniciativa que vulnera los derechos humanos.

Reunión de afines a la política de Meloni

Los líderes de la Unión Europea abordarán mañana un debate «estratégico» sobre migración al que muchos de los socios acuden pidiendo un endurecimiento de las políticas de asilo y deportación, pero plantean soluciones enfrentadas; en una cita que ha arrancado este jueves con un primer encuentro en formato reducido promovido por la italiana Georgia Meloni y al que ha acudido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La reunión, en la que ha participado una decena de países afines a esa idea de endurecer el control migratorio en la Unión Europea, tenía como objetivo subrayar la necesidad de que el bloque se abra a soluciones que definen como «innovadoras», en referencia a centros de deportación fuera de territorio comunitario o sanciones a países terceros que no acepten los retornos.

«Nuestro objetivo compartido es tener bajo control la migración y acelerar el retorno de demandantes de asilo rechazados. Por ello hemos discutido soluciones innovadoras para facilitar los retornos y también de la necesidad de legislación europea más estricta», ha resumido el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, en un comunicado al término del encuentro.

Meloni y Schoof, junto a la socialdemócrata Mette Frederiksen, han sido los anfitriones de la cumbre en formato reducido en la que han participado Austria, Polonia, Hungría, Malta, Eslovaquia, Grecia, Chipre y República Checa, pero no el canciller alemán, Olaf Scholz, pese a que había sido invitado.

Fuentes del Palacio Chigi han indicado que el objetivo de este grupo es repetir el mismo formato en la próxima cumbre europea de diciembre para «reforzar» su estrategia de endurecimiento de la política migratoria.

«Cada vez más líderes reconocen que hay una crisis migratoria en Europa. Mientras, Hungría está siendo castigada por defender las fronteras de la UE, ¡es inaceptable!», ha escrito en redes sociales el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Precisamente Scholz, preguntado por los centros de deportación a su llegada a Bruselas, ha mostrado sus reservas respecto a la eficacia de programas como el negociado por Meloni con Albania y que la primera ministra ha expuesto en detalle ante sus socios.

«Está claro que conceptos que, cuando se miran las cifras, representan algunas gotas (en el océano), no son realmente una solución para un país tan grande como Alemania», ha razonado el socialdemócrata alemán.

Una política «dura, pero justa»

A su llegada, el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha defendido que su país ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria «dura, pero justa» y ha celebrado que el resto de la UE haya ido «reconociendo gradualmente» el peso de la dimensión exterior y la necesidad de abordar el asunto de los retornos, que se dejó de lado en el Pacto de Migración y Asilo.

«No podemos aceptar que no seamos capaces de ocuparnos de manera efectiva de aquellos que no reciben el estatus de protección», ha remachado Mitsotakis, para incidir en la necesidad de discutir «soluciones innovadoras» desde una «nueva perspectiva».

Aunque no han participado en la reunión previa al Consejo Europeo, otros líderes se han sumado a parte del discurso promovido por Meloni y respaldado por Von der Leyen en su carta a los líderes de principios de semana, cuando la jefa del Ejecutivo comunitario pidió explorar la creación de centros de deportación para trasladar a los migrantes irregulares llegados a la UE mientras se resuelve su expulsión definitiva.

Así, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha confiado en que, pese a ser un asunto «muy candente», los socios europeos entiendan que es necesario «tomar decisiones muy firmes» para contener la migración irregular y su instrumentalización por parte del régimen de Bielorrusia.

Simon Harris, por su parte, ha afirmado que Irlanda cree que debe ser una prioridad aplicar «con éxito» el Pacto de Migración y Asilo que la UE acordó este mismo año, pero cuya implementación está prevista para 2026.

Sin embargo, el mandatario irlandés también ha avisado de que sin dejar de lado los valores europeos y la defensa de los derechos humanos, la UE debe mostrar «mente abierta» hacia soluciones «innovadoras» y garantizar a los ciudadanos que «hay reglas y que las reglas se cumplen».

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también se ha sumado a las llamadas para «buscar soluciones innovadoras» y ha apuntado otra de las claves recogidas por Von der Leyen en su carta a los líderes para revisar la definición de «país terceros seguro» a donde externalizar los procesos de expulsión.