El Gobierno español y las fuerzas de izquierda que lo sostienen confirmaron en el Pleno del Congreso este jueves un acuerdo para prorrogar un año más la suspensión de los desahucios a inquilinos e inquilinas en situación vulnerable. Se trataba de una medida que caducaba este 31 de diciembre, de modo que Stop Desahucios había expresado su alarma en una comparecencia reciente, en la que aludió de modo concreto a 183 personas afectadas en Donostia, Irun y Errenteria.

Tras la constatación de que el Gobierno español lo prorrogará en el Consejo de Ministros de este próximo lunes 23, Stop Desahucios ha considerado que estas personas, «y miles más en Euskadi y en el Estado, pueden dormir tranquilas».

Esta medida será prorrogada aparentemente sin problemas, al contrario de lo que ocurre con otras que también concluían ahora, como el impuesto a las energéticas, del que se han desmarcado PNV y Junts.

Fue Jone Belarra (Podemos) quien se encargó de adelantar tras el complicado Pleno del jueves. Indicó que esta medida será prorrogada, igual que así las actuales ayudas al transporte (en este caso seis meses más), a través de un decreto en este último Consejo de Gobierno del año. El acuerdo se acabó de cerrar a cambio de sacar adelante unas reformas en la Administración de Justicia a las que el PSOE daba gran importancia.

Apelación a Lakua

En la misma nota, Stop Desahucios se refiere al Gobierno de Lakua y su departamento de Vivienda para instarle a responder a la preocupación ciudadana, cuya última señal ha sido el DeustoBarómetro conocido este jueves.

Para este colectivo, la respuesta debe pasar por «la aplicación de la Ley de Vivienda que regula que se controle y rebaje la especulación de los precios del alquiler, que se prorroguen por tres años los contratos que vayan finalizando, se aplique la Ley de Vivienda Vasca con la imposición del canon a las viviendas vacías que los caseros no quieran movilizar al uso residencial y construir cuanto antes más viviendas de alquiler social».