La jueza Inés Soria ha concedido su primera entrevista, al Grupo Vocento, tras asumir el cargo de asesora penitenciaria para el Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua que antes desempeñó Jaime Tapia. En ella hay varios apuntes interesantes, como la admisión de que hay muchos presos condenados en relación con ETA que están al final de sus condenas, que por tanto es previsible que crezcan las propuestas de progresión de grado y que no sería legal exigir «arrepentimiento» para lograrlas.

Estas respuestas coinciden básicamente con los datos y argumentario de Sare y Etxerat que este sábado recibieron el apoyo de 67.000 manifestantes en Bilbo, instando a que se desmonte la excepcionalidad carcelaria y se resuelva esta cuestión «para siempre».

Preguntada por este grupo de personas, la jueza Soria constata que «es cierto que hay muchos condenados que han cumplido 20 ó 25 años y el máximo es 30» (antes de la 7/2003 de Aznar). En consecuencia, entiende que es normal que haya más peticiones de progresión de grado, «y habrá más. Se está terminando de cumplir las penas y ese es el recorrido habitual». Añade que por ello se puede hablar incluso de «un momento social diferente, porque se está alcanzando ya el cumplimiento de las penas». Y añade que «hay que buscar una convivencia y pensar en cómo este momento puede afectar a las víctimas».

Como informó NAIZ la pasada semana, el 61% de estas personas llevan más de 20 años en prisión. Trece de ellos superan los 25 años, y dos, los 30.

En la línea de lo que avanzó Joseba Azkarraga (Sare) en la entrevista a NAIZ, la nueva asesora confirma que se han producido doce progresiones a tercer grado desde la llegada del nuevo departamento regido por el PSE y que ninguna ha sido recurrida por la Fiscalía. «¿Qué ha cambiado? Por un lado, el transcurso del tiempo –argumenta–. Cuando alguien entra en prisión se mira qué elementos han influido, cuáles son un obstáculo para su reinserción, y se le ofrece un conjunto de actividades para trabajar. Eso requiere de tiempo, además de voluntad de hacerlo. Han pasado 3 ó 4 años y es más probable que haya más peticiones de grado».

«Estamos en un momento social diferente porque se está alcanzando ya el cumplimiento de las penas»

Preguntada en este punto sobre si hay quien se niega a hacer este recorrido, la jueza Soria responde que «sí, pero es mucho menor que antes. Es mínima».

En su opinión, una de las cuestiones que han podido favorecer que la Fiscalía no recurra es que «el viceconsejero ha hecho un esfuerzo en profundizar en los argumentos» de las aceptaciones de progresión trasladadas por las juntas de tratamiento de las cárceles. Cree que ahora se explica más «por qué en cada caso concurren los requisitos».

«El arrepentimiento no se puede imponer»

A la jueza Soria se le pregunta también por la recurrente cuestión de si cabe exigir un «arrepentimiento» expreso como requisito para lograr la progresión. La consejera María Jesús San José puso mucho énfasis en este concepto a su llegada al cargo y sectores de la Audiencia Nacional también se han empecinado en ello. Sin embargo, como sostiene Sare, la asesora reconoce que no sería un requisito legal.

«Responsabilizarse es positivo, para la víctima y para la sociedad en general –dice Inés Soria al respecto–. Es además mejor para que se pueda reinsertar esa persona. Cualquiera que asuma lo que ha hecho tendrá menos opciones de volver a hacerlo. Pero no se puede imponer. Porque además no valdría».

«El arrepentimiento es siempre una cuestión muy personal. Es muy difícil saber si alguien lo está (...) Lo que pide la ley es el abandono de lo que se hizo y la responsabilización en el daño, que se nota en reconocer a sus víctimas con nombres y apellidos», añade.