Las derechas española, catalana y en parte también la vasca confluyeron para dar un triple golpe al Ejecutivo Sánchez en el Pleno del Congreso el miércoles, al rechazar los tres decretos que incluían medidas como pensiones, desahucios, ayudas al transporte y también impuesto a energéticas. El efecto bumerán estaba servido. Hasta tal punto que el PP ya dijo en la misma sesión que propondría otras iniciativas con el mismo contenido que ha rechazado ahora. Junts se ha sumado este jueves en la misma línea.

Ambas formaciones han venido a utilizar la misma doble argumentación. Por un lado, acusar al Gobierno de presentar decretos con temas diferentes que dificultan tomar una posición única sobre los temas. Y por otro, más retorcido, reprocharle que tome a la ciudadanía como «rehén» para sacar adelante sus proyectos.

En este viraje en apenas 24 horas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado que presentarán en el Congreso una propuesta revalorización de las pensiones y para mantener las rebajas en el transporte público, si el PSOE no lo hace «en las próximas horas».

Turull ha acusado al PSOE de hacerles «chantaje emocional» al incluir este tipo de medidas sociales en un decreto junto con otras con las que Junts no estaba de acuerdo, y ha explicado que el lunes pidieron al partido de Sánchez que convocara un Consejo de Ministros para presentar por separado la revalorización de las pensiones y el tema del transporte público.

En la tribuna del Congreso, Miriam Nogueras utilizó argumentos diferentes a estos, señalando la pérdida de confianza general con el Ejecutivo y aludiendo a cuestiones de política general más que técnicas.

Por su parte, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no estuvo en la sesión del miércoles, ha pasado a señalar este jueves que «la posición del PP es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA y sí a Valencia, no a la ocupación de la viviendas». Ha respondido así cuando le han preguntado si el PP teme algún desgaste por este triple no.

Feijóo ha acusado en paralelo al Gobierno de Pedro Sánchez de emplear a los pensionistas como «rehenes» y «escudos humanos» y de intentar «engañar» al culparles de la caída del llamado «decreto omnibús», que tilda de «trágala».

El PSOE dejará que se retraten

Curiosamente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha utilizado el mismo calificativo para referirse a la ciudadanía: son «rehenes» pero no de su gobierno sino de la «oposición destructiva» liderada por PP y Vox y a la que ahora se han sumado Junts y PNV.

No ha aclarado si por su parte volverán a aprobar nuevos decretos para estas cuestiones: «El Gobierno analizará nuevamente qué materias generan mayor consenso y cuáles no (...) El Gobierno seguirá buscando el diálogo y el consenso con todas las formaciones políticas (...) Seguiremos adelante con paciencia, con diálogo y con el firme propósito de garantizar el bienestar de la mayoría social», ha dicho.

«Si la intención de la oposición es sembrar el descontento, este Gobierno lo va a combatir», ha afirmado Montero.

El 20 de febrero se anticipa como fecha para tratar de resolver la cuestión. A ella se han referido este jueves tanto las federaciones de pensionistas, que han adelantado en caso contrario movilizaciones para el día 22, como la Diputación de Bizkaia al aludir a las ayudas al transporte.

Energéticas

Para lo que no parece probable una solución es para recuperar el gravamen a las energéticas, tumbado en este caso no solo por Junts sino también por el PNV.

Al respecto, ELA ha confirmado este jueves el cálculo de EH Bildu, según el cual las arcas vascas perderán en torno a 100 millones de euros. «Este impuesto, al haber sido derogado, dejará en manos de los y las accionistas de empresas
como Repsol o Iberdrola lo que han venido recaudando las adminitraciones públicas, en torno a 200 millones entre 2023 y 2024 en la CAPV y 3.000 millones al año a nivel estatal», denuncia el sindicato.

«Hay que recordar que los últimos años las empresas energéticas están teniendo beneficios de record», incide. Apunta que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, «que ha presionado al PNV para que vote contra este impuesto», ganó 2,5 millones en 2021, 4,2 millones en 2022, 3,1 millones en 2023 y 1,6 millones en los seis primeros meses de 2024. «Decisiones como esta repercuten en que cada vez el reparto de la riqueza sea más desigual y en que esté aumentando la pobreza mientras sigue creciendo la economía».

Mano tendida de EH Bildu

EH Bildu, que apoyó los tres decretos tumbados por las derecha, ya tiende la mano para la búsqueda de soluciones: «Nos comprometemos a trabajar sin descanso para que todas y cada una las medidas del decreto social se aprueben lo antes posible. No solo el aumento de las pensiones y las rebajas del transporte público como pretenden los partidos de derechas que ayer tumbaron el decreto, sino también todas las medidas que contenía el escudo social: la prórroga del bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para familias vulnerables, las transferencias a los ayuntamientos, el mantenimiento del aumento del SMI, las becas educativas, los programas de empleo juvenil, los recursos para abordar la salud mental, las ayudas a los agricultores afectados por los efectos climáticos, el apoyo a las pequeñas empresas y microempresas o las ayudas a la industria electro-intensiva y a los autónomos».

Fuentes de esta formación han respondido así a las derechas: «Las consecuencias del rechazo de estos partidos a las medidas sociales y económicas que contenían ambos decretos tienen un impacto negativo directo en la vida de la ciudadanía vasca. Porque si no suben las pensiones, si caen los descuentos en el transporte público, si no se prohíben los cortes de suministros básicos y los desahucios de familias vulnerables, quien pierde es la ciudadanía. No se daña al Gobierno, sino a la gente. Y la sociedad no debe pagar por la irresponsabilidad y los cálculos partidistas de las fuerzas de derechas».

«La excusa conjunta que PP y Junts están utilizando para justificar su voto en contra, bajo el pretexto de que el decreto mezclaba cuestiones alejadas de los intereses sociales, no es honesta. ¿Qué cuestiones se han introducido que no sean medidas de protección social y económica? ¿Cuáles rechazan exactamente? Ninguno de los dos partidos lo ha explicado. No se debe confundir a la ciudadanía con excusas que están lejos de la realidad para intentar justificar su voto en contra; deben asumir su responsabilidad por la posición política adoptada», señalan.