Los nuevos planes lingüísticos que han aprobado los departamentos del Gobierno de Navarra supondrán un aumento de 246 plazas con perfil de euskara, lo que supone un aumento cercano al 50%. En la actualidad, de los más de 16.000 funcionarios que tiene la Administración navarra, solo 511 cuentan con ese perfil.

UPN había solicitado la comparecencia de las responsables de Función Pública (Amparo López) y Euskara (Ana Ollo) para explicar los motivos del cambio. La formación regionalista denuncia que tantas plazas de euskara son un «escándalo» y que hay que evitar que saber euskara se convierta «en un carné de trabajo».

Ollo ha explicado que el objetivo de esta ampliación de plazas es que la Administración disponga de profesionales con este perfil «en número suficiente para cubrir los derechos lingüísticos». Por ello, los Departamentos que aún no habían elaborado un plan (que eran todos salvo Hacienda y Memoria, Acción Social y Euskara) han presentado ahora sus necesidades. 

Con esta asignación de perfiles, Ollo asegura que se mejorará el servicio y se adaptará a una sociedad cada vez más bilingüe y «que es euskaldun en un porcentaje importante». Ha recordado que en Nafarroa saben euskara cerca de 100.000 personas, lo que equivale a un 15% de la población, pero que entre los jóvenes el nivel de conocimiento de este idioma se eleva al 28%. 

«Nos tenemos que ir acompasando a este futuro», ha asegurado la consejera, tras sostener que la Administración se había mantenido al margen de esta realidad plurilingüe durante décadas.

Así, antes de la llegada del Gobierno de Uxue Barkos, el porcentaje de plazas dentro de la Administración (quitando al profesorado que, lógicamente, por cuestión de modelos educativos tiene que conocer euskara) no alcanzaba siquiera al 1%. En la actualidad, se encuentra en el 3,25% y, una vez se culmine el proceso, alcanzará al 4,7%. 

La asignación de plazas, sin embargo, no está cerrada del todo. Las diversas unidades orgánicas administrativas, en función de sus atribuciones, han presentado cuántos de sus miembros necesitan saber euskara, pero el perfil no está asignado a una plaza concreta. 

No se trata, por tanto, de nuevas plazas con perfil de euskara, sino que dentro de la actual plantilla algunos puestos pasarán a tener el conocimiento de la lengua propia como requisito. 

Ollo se ha felicitado porque, una vez concluya el proceso, todos los departamentos contarán con funcionarios capaces de atender a la ciudadanía en euskara. 

La consejera López, responsable de Función Pública, ha realizado una llamada a la «tranquilidad» y ha enfatizado que primará el principio de voluntariedad. Según ha adelantado, ningún funcionario va a ser removido de su plaza por desconocer ese idioma. 

La titular de Función Pública ha manifestado también que este es un paso acorde con la «realidad sociolingüística» y que se da al ritmo que demanda la propia sociedad. Además, ha avanzado que será un proceso complejo. 

López, por otro lado, ha cargado contra UPN que apoyaba sus críticas en que la propuesta del Gobierno contó con el rechazo sindical. Según ha explicado, la medida sí suscitó ese rechazo, pero se debió a las posturas antagónicas que mantienen las centrales al respecto. Unas lo rechazaron por quedarse corto y otras por demasiado largo. En su opinión, este doble rechazo, justamente, probaría que se trata de una medida intermedia y ponderada. 

Reacciones 

Marta Álvarez, de UPN, ha criticado la medida asegurando que la consejera Ollo hace trampas, en el sentido de que la Administración ya cuenta con personal que sabe euskara, independientemente de que para su plaza no se le haya exigido. 

La parlamentaria del PSN, Inma Jurío, ha mantenido un curioso cruce de acusaciones con Álvarez, a cuyo partido ha responsabilizado del desfase entre las plazas en euskara y el uso de la lengua. Le ha acusado, además, de ser «torticera» con los datos.

Eneka Maiz, por parte de EH Bildu, ha reconocido que la tarea de Ollo y López a la hora de gestionar la política lingüística en la Administración «no es fácil». Maiz ha ejemplificado cómo es la atención real a los ciudadanos de la zona vascófona con un pequeño experimento que realizaron varios vecinos.

Según ha explicado Maiz, estos vascoparlantes remitieron 50 comunicaciones en euskara a la Administración navarra y en 41 ocasiones se les remitió una contestación en castellano. 

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha aseverado que «les guste o no» a ciertos grupos parlamentarios, la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en las dos lenguas. 

La representante del PP, Irene Royo, ha reconocido este derecho a la atención en euskara, pero ha aseverado que colisiona con otro que es el derecho de los no vascoparlantes a formar parte de la Admón. y la «igualdad de oportunidades» que, en su opinión, se puede ver vulnerada. 

También subrayó esta colisión de derechos se ha pronunciado el portavoz de Contigo-Zurekin, José Miguel Garrido, asegurando que la preceptividad del euskara se debe hacer estudiando bien las necesidades de cada plaza.

El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha abogado por su parte por acabar con la zona vascófona y que cualquier otra lengua distinta del castellano puntúe simplemente como mérito en todo el territorio estatal.