Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han realizado este jueves una rueda de prensa ante el Palacio de Justicia de Bilbo para valorar el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el artículo del Reglamento de la RGI de 2023 que regulaba la forma de acreditar la residencia en un domicilio para poder percibir dicha prestación.

Fue en febrero de 2024 cuando las tres organizaciones iniciaron una campaña política contra los recortes que se estaban dando en las prestaciones de la RGI. En concreto denunciaban que, con el nuevo reglamento, «se profundizaba en el proceso de empobrecimiento y criminalización de los sectores más vulnerables de la clase trabajadora». Así, tras una manifestación, anunciaron un recurso judicial en el TSJPV, dirigido a pedir la nulidad de tres artículos del nuevo reglamento que introducían cambios sustanciales que perjudicaban a las personas solicitantes y perceptoras dela RGI.

Esta semana, el TSJPV ha fallado a favor de la anulación del artículo 2.2. del Decreto 173/2023, que recogía que «no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio».

La sentencia del TSJ justifica la anulación de forma contundente, diciendo lo siguiente: «Si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa ni ha habilitado al reglamento para tal desarrollo o precisión, el reglamento no puede introducir ex novo un requisito subjetivo de titularidad posesoria del marco físico objetivo, disfrazándola o enmascarándolo como un requisito de lo que haya de considerarse “domicilio”».

«La punta del iceberg»

Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han señalado que esto supone «una mejora efectiva en las condiciones de vida de una porción de la clase trabajadora que lo está pasando especialmente mal, sobre todo a las mujeres trabajadoras, a las personas inmigrantes y a los jóvenes». Pese a ello, puntualizan que «es una victoria parcial, que de ninguna manera revierte la tendencia general que estamos viviendo, marcada por el aumento de la pobreza y la criminalización».

En ese sentido, aseguran que las medidas recurridas «son solo la punta del iceberg» y subrayado la «necesidad de seguir remarcando que las reformas que se están dando desde el Gobierno Vasco, en materia de prestaciones sociales, tienen un objetivo claro: expulsar a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora de la prestación».

«Para conseguir este efecto, Lanbide no deja de engrosar su caja de herramientas, con nuevos utensilios destinados a la imposición de sus criterios, cada vez más restrictivos y de la generalización de controles e inspecciones, que suman un nuevo Cuerpo de Inspectores e Inspectoras con una plantilla de 19 personas, a la actuación, cada vez más generalizada de la Ertzaintza con sus visitas inesperadas a las viviendas de las personas perceptoras», denuncian.

Aseguran que esto es ya constatable en las estadísticas mensuales de perceptores y perceptoras de la RGI que elabora Lanbide. La evolución de las unidades de convivencia perceptoras de RGI que comparten hogar o vivienda ha pasado de ser 15.118 en enero de 2023 (la nueva legislación de la RGI entró en vigor en marzo de 2023) a 9.246 en diciembre de 2024. Así, se ha expulsado del sistema a 5.872 UC que compartían vivienda, lo que significa un 38,8% de las existentes en enero de 2023.

«Seguiremos luchando contra los recortes de las prestaciones para combatir la pobreza, la estigmatización y la criminalización de la gente pobre»

Desde el Sindicato Socialista de Vivienda, Argilan-ESK y Berri-Otxoak se han reafirmado en su «compromiso de seguir luchando contra los recortes de las prestaciones para combatir la pobreza, la estigmatización y la criminalización de la gente pobre y nos comprometemos con la defensa de unas condiciones de vida de calidad garantizadas para todas las personas». Así, han hecho un llamamiento a quienes hayan podido verse afectadas por esta problemática a que acudan a estos colectivos y sindicatos. «Frente al recorte de derechos económicos y políticos, la organización es efectiva», han proclamado.