El ministro español de Transformación Digital y Función Pública, Oscar López, ha presumido de que «el Gobierno ha resuelto el problema de Muface». Dos grandes aseguradoras (en lugar de las tres que asumían este servicio hasta la fecha, tras la salida de DKV) darán cobertura a dos millones de funcionarios del Estado, de los que 34.500 están presentes en Euskal Herria. 

Adeslas y Asisa lanzaron un órdago al Gobierno en noviembre pasado. El Ejecutivo había ofertado la continuidad del servicio con una prima del 17%. A las aseguradoras se les quedó corto, alegaban que los funcionarios a quienes cubren la asistencia sanitaria cada vez son más viejos y requieren de mayor atención. Por ello, exigían que se les pagara más de un 40% más que en el concierto anterior. 

Y eso, precisamente, es lo que ha hecho el Gobierno español. El contrato para el trienio asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 más que el vigente, con un aumento acumulado de la prima media ponderada al final del periodo del 41,2%.

Elevar el pago a las aseguradoras, sin embargo, no era la única vía. El Ministerio de Salud, en manos de Sumar, planteó una vía para que estos funcionarios pasaran a ser atendidos por la sanidad pública, dado que su excepción solo se justifica en función de motivos circunstanciales del año 1986, momento en el que fijó el sistema y que, de hecho, la propia ley ya contemplaba la publificación a futuro. 

Finalmente, el criterio del ministro López (PSOE) ha prevalecido sobre el de la ministra Mónica García y sus técnicos, que asumían como más viable acabar con la excepcionalidad sanitaria de los funcionarios del estado.