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CCOO denuncia irregularidades en la gestión de varios servicios sociales de base en Nafarroa

CCOO ha denunciado que diez ayuntamientos y mancomunidades navarras no cumplen con la retribución económica que deben dar a las personas trabajadoras que desempeñan su labor en los servicios sociales de base, financiados en parte por el Gobierno de Nafarroa.

Los representantes de CCOO que han hecho pública la denuncia.
Los representantes de CCOO que han hecho pública la denuncia. (CCOO X)

CCOO de Nafarroa ha denunciado las «irregularidades» y «opacidad» de una decena de administraciones locales –ayuntamientos y mancomunidades– del herrialde, al asegurar que «no pagan como corresponde a las personas trabajadoras» de los servicios sociales de base, «que desempeñan una labor que se financia, en parte, con dinero público procedente del Gobierno de Navarra».

Artaxona, Aiegi, Urantzia, Mendabia, Biana, Mancomunidad del Valle del Queiles (Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante y Tulebras), Buñuel, Nabaskoze, Cintruenigo e Irantzu son las entidades en las que esta central sindical «ha hallado irregularidades en la financiación».

Según ha trasladado CCOO, en el caso del primer ayuntamiento es en el que «más pruebas se han podido recabar» y ello, ha revelado, «ya está en manos del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN)». Además, este sindicato ha recurrido la plantilla orgánica de este consistorio, «con el objetivo de aclarar y corregir estas irregularidades».

Según ha expuesto, «entre el complemento que debería pagar el Ayuntamiento y el que efectivamente paga hay una diferencia que, en 9 trabajadores, genera una diferencia de más de 28.000 euros. Del mismo modo, la categoría de nivel que se debe establecer para cada puesto de trabajo tampoco concuerda con la clasificación que hace el Gobierno de Navarra».

Este sindicato se ha remitido al Decreto Foral 48/2020 para recordar que ahí se incluye que «los costes salariales se realizarán en función del salario base, complementos del puesto y nivel equivalente al personal al servicio de la administración de la Comunidad Foral de Navarra».

Esto implica, a su juicio, que el Ejecutivo foral «financia los servicios sociales de base con unos complementos y salarios concretos que, de manera voluntaria por parte de las administraciones locales, no son cobrados por las trabajadoras».

«En consecuencia, existe una derrama de dinero público que no llega a destino y del que urge conocer, caso por caso, dónde queda. Es decir, los ayuntamientos reciben un dinero concreto para pagar salarios que finalmente no utilizan para ello», ha añadido.

Intervención de Comptos

Por tal motivo, ha reclamado la intervención de la Cámara de Comptos «para esclarecer dónde queda el dinero que el Gobierno de Navarra destina a las administraciones locales, pero que no llega a los servicios para los que se financia», de ahí que vaya a realizar una propuesta de informe a los grupos parlamentarios.

En ese sentido, Lucía Sesma, secretaria general de la Federación de Servicios para la Ciudadanía de CCOO, ha criticado que «es evidente que existe no solo un incumplimiento por parte de los ayuntamientos, sino también una falta de control y fiscalización por parte del Gobierno de Navarra, que es quien financia y, por lo tanto, tiene la capacidad y obligación de control».

El sindicato se ha puesto a disposición de todas las personas trabajadoras de los servicios sociales de base «para conocer y reclamar su salario real», al entender que se trata de un sector «estratégico», que da ocupación a cerca de 13.000 personas en Nafarroa.

Joseba Eceolaza, secretario de políticas sociales de CCOO, ha expuesto que dicho sector está «muy feminizado, con altas tasas de jornadas parciales, envejecido y con salarios bajos. Estamos ante una práctica que supone un deterioro de la igualdad salarial entre personas que hacen el mismo trabajo, pero en diferentes ayuntamientos».

CCOO ha avanzado que tratará de reunirse con todas aquellas entidades locales que estén haciendo un mal uso de esta financiación para corregir de forma urgente esta situación, pero que también tiene previsto interponer más recursos contra dichas plantillas orgánicas.