Frank Delano Roosevelt necesitó cien días para acuñar su New Deal, una especie de nuevo contrato social, con el que relanzó la economía estadounidense, se mejoraron infraestructuras y servicios sociales y propulsó al país a la prosperidad de los años 50. Casi todos los presidentes han intentado dejar alguna huella en esos primeros pasos de su mandato. Pero no hay duda de que la agenda de Donald Trump se ha hecho notar muchísimo más que cualquier otro presidente en la historia reciente de Estados Unidos.

Una agenda brutal, autoritaria y extremista que ha arrasado, y sigue arrasando (o intentándolo) con muchos de los consensos establecidos dentro el país más poderoso del mundo. Unos consensos que no siempre gustan en el extranjero, pero que han creado un sistema de poderes y contrapoderes que ha conseguido sobrevivir a guerras y atentados mortales contra presidentes.

Se puede argumentar, no sin cierta razón, que Donald Trump está haciendo aquello que anunció que iba a hacer. Algo que los propios demócratas advirtieron que iba a suceder. «Disfruten con lo votado» es una frase de consuelo que puede llegar a ser una respuesta natural pero aporta poco al debate y al análisis. Y tampoco ayuda a avanzar en la resistencia a la tiranía, en un momento en que la popularidad de Trump se desploma en las encuestas, la recesión acecha y la inseguridad económica aumenta.

«Inundar la zona» 

El estratega ultra y asesor de Trump en su primer mandato Steve Bannon fue el que lanzó la idea de «inundar la zona», que se ha seguido a rajatabla desde el inicio de mandato. Los detalles más extremistas de Project2025, la transición diseñada por la Fundación ultraderechista The Heritage Foundation, se han ido cumpliendo. Desde el primer día, tanto en la toma de posesión en el Capitolio, como después en el Capitol Arena frente a miles de seguidores y más tarde en la propia Casa Blanca, Trump ha anunciado y firmado decenas de medidas –más de 200– para redirigir la política nacional, económica y exterior a unos postulados inéditos. Para ello, ha atacado al personal público federal, ha desafiado y se ha enfrentado a la autoridad de los jueces y ha dinamitado logros históricos y progresistas que se daban por hecho en ámbitos como el feminismo, la lucha contra el racismo o la homofobia.

Inundar la zona significa, por ejemplo, que un periodista europeo envíe sus crónicas a última hora con la esperanza de que la noticia siga vigente cuando el viejo continente se despierte. Solo para descubrir que, en esas horas que Euskal Herria duerme, la Casa Blanca avanza en un nuevo escándalo, un conflicto o una declaración incendiaria.

Un día sí, y otro también, se suceden las órdenes ejecutivas a última hora de la tarde, bien de madrugada al otro lado del Atlántico: que el indulto a los atacantes del Congreso del 6 de enero de 2021 es total, por ejemplo, sin distinguir entre los más violentos que estaban condenados a varios años de cárcel. Igualmente, algo ocurrido el mismo día y que muestra el carácter vengativo del presidente fue retirar los equipos de seguridad a funcionarios caídos en desgracia y exasesores. En el suma y sigue se puede incluir la propuesta de expulsar a los palestinos para a convertir a Gaza en un resort turístico, hacer de Canadá el estado número 51 de Estados Unidos y anexionar Groenlandia, culpar al “DEI” (las iniciativas de diversidad) de un accidente aéreo cuando las víctimas siguen dentro del avión en el río Potomac, o reprender a gritos al presidente de Ucrania en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El ariete y mano derecha de Trump en todo este proceso ha sido Elon Musk (que llegó a acompañar a Trump en una reunión de gobierno), que durante la campaña convenció al neoyorquino de crear DOGE, un “departamento” no oficial de eficiencia que encabezaría el propio magnate. Acompañado por jóvenes informáticos sin ninguna experiencia administrativa (y en algún caso, pruebas de extremismo neofascista) que entraban por agencias federales para acceder a datos confidenciales (datos, como los de la Seguridad Social o Hacienda, que se han llegado a utilizar para actuar contra inmigrantes), cuestionar a funcionarios de carrera y presionar para hacer valer la motosierra, en nombre de la eficiencia.

El impacto ha sido devastador, y la desolación se ha expandido por completo entre miles de personas, en especial en la ciudad de Washington. Pero no está claro que expulsar a decenas de miles empleados y cerrar agencias federales vaya a suponer el ahorro anunciado. Musk redujo su objetivo de ahorro en el costo del gobierno a 150.000 millones de dólares, después de haber prometido inicialmente al menos un billón. Y muchos dudan incluso de que logre ese objetivo reducido. Si se pone en la balanza lo que supone en influencia internacional los cierres de varias agencias, la devastación que queda es aún más evidente.

El resultado ha sido una confusión caótica de nuevas iniciativas; contraataques judiciales, políticos y económicos; y retrocesos drásticos. Ha puesto a prueba la capacidad del país para procesar la disrupción, y la resiliencia de la democracia estadounidense ante un presidente cuyas opiniones sobre su poder han suscitado advertencias sobre un autoritarismo insidioso.

Resistencia

El partido demócrata sigue intentando encontrar una vía para enfrentarse al autoritarismo, pero el ámbito institucional y sobre todo el Congreso, es ahora mismo territorio Trump. Como casi siempre en EEUU, ya se advierte un nuevo ciclo electoral, pero si se está de acuerdo en el desastre que han sido estos cien días, enfocarse en unas elecciones a medio mandato que están a 500 días de hoy parece más desistir de la labor de oposición y de control al gobierno. Es interesante, por ejemplo, la reacción a la injusticia cometida con Kilmar Abrego, el inmigrante salvadoreño detenido y deportado por error e ilegalmente el pasado mes de marzo, sin que pesara ninguna acusación contra él. Tras el escándalo inicial y la denuncia y la preocupación de su entorno familiar, varios representantes del Congreso, encabezados por el senador de Maryland Chris van Hollen, apoyaron a la familia y a los jueces que ordenaron el regreso de Abrego a Estados Unidos.

La Casa Blanca reaccionó, evidentemente, siguiendo el guion reaccionario y acusando a los demócratas de defender a delincuentes. Y como siempre, no han sido pocos los dirigentes demócratas que tácitamente dan la razón a los republicanos, abogando por no fijarse en estos temas «controvertidos» (la política migratoria de Trump sigue teniendo un importante apoyo popular) y centrarse en la economía y esperar que los errores de la administración Trump hagan el resto.

Afortunadamente, quedan demócratas que siguen plantando cara a Trump. Para empezar, por la enorme injusticia cometida. Y, además, por lo que significa este caso: si se permite que cualquiera pueda ser detenido y expulsado sin su debido proceso, lo mismo podría ocurrir en un futuro con cualquier ciudadano estadounidense; un opositor que ponga en riesgo el gobierno podría «desaparecer» durante días y aparecer en una cárcel centroamericana. En parte, ya ha ocurrido: el viernes pasado, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron deportados a Honduras. Eran los hijos, de entre dos y once años, nacidos en Estados Unidos de dos mujeres en situación irregular. Uno de ellos, de cuatro años, sigue un tratamiento contra el cáncer.

Las contradicciones en inmigración también se han presentado en el proteccionismo arancelario: en el “día de la liberación” en el que Trump anunció y detalló los aranceles que impondría a cada país, el presidente supo invitar a la foto de la Rosaleda de la Casa Blanca a los dirigentes sindicales, como si el mero proteccionismo fuese la panacea para retener puestos de trabajo y empresas.

Han destacado algunos jueces que han sabido enfrentarse y paralizar o minimizar los efectos de algunas decisiones de Trump, y los organismos sociales que han impulsado estas acciones judiciales, como ACLU. La veterana organización en defensa de los derechos civiles se ha erigido una vez más en uno de los principales referentes a la hora de hacer frente a Trump, desde las leyes racistas maquilladas de igualdad frente a las “normas DEI”, hasta las detenciones de inmigrantes indocumentados o universitarios extranjeros que ejercieron su derecho a protestar y expresar su solidaridad con Gaza. La sociedad civil ha llevado la iniciativa a los juzgados y ha evidenciado que el Gobierno se acerca a una crisis constitucional al desafiar a los jueces en múltiples ocasiones.

Tras estos cien días, se percibe una cierta calma. No se sabe si es real o solo estamos en el centro del huracán y queda la segunda parte del tifón, la más destructiva. Seguramente el diseño de “inundar la zona” ya advirtió que el nivel de hostigamiento no pudiera mantenerse en el tiempo, y por ello vieran la necesidad de crear el mayor caos posible al inicio.

Quedan 1.361 días de mandato de Trump.