
Una concentración frente a las oficinas de Inspección de Trabajo en Donostia ha denunciado este miércoles a la tarde la «falta de control efectivo» sobre las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar. Desde SOS Racismo de Gipuzkoa, donde están organizadas muchas de ellas, han incidido en la «insuficiente supervisión» por parte de la Administración sobre cómo desarrollan su trabajo al menos 13.000 mujeres, en su mayoría migrantes.
El Grupo de Trabajadoras de Hogar de SOS Racismo Gipuzkoa han expuesto que las internas sufren jornadas laborales medias de 64 horas semanales con salarios un 32% inferiores a lo establecido. «Muchas superan incluso las 80 horas de jornada y se enfrentan a la falta total de descansos adecuados, noches interrumpidas por atención constante a personas dependientes y la negación sistemática de sus derechos laborales más básicos», han alertado.
Según datos recientes proporcionados por SOS Racismo Gipuzkoa y la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos, el 83% de estas trabajadoras sufren dolores físicos crónicos, mientras que el 80% padece ansiedad, insomnio o estrés crónico. «Solo un 15% ha tenido acceso a bajas médicas reconocidas y una de cada cuatro ha enfrentado violencia física o psicológica en sus lugares de trabajo», han indicado.
«Grandes lagunas»
Si bien reconocen que el Real Decreto 893/2024 sobre prevención de riesgos laborales supone un «avance formal», advierten que persisten «grandes lagunas» como la falta de recursos públicos específicos, la ausencia de mecanismos de control eficaces y la exclusión práctica de miles de trabajadoras que están en situación administrativa irregular.
Desde SOS Racismo denuncian que las autoridades laborales no pueden seguir ignorando esta realidad. «Exigimos una implicación clara y efectiva de las instituciones públicas para garantizar mecanismos eficaces de inspección y control. Sin esto –han subrayado–, los avances legislativos seguirán siendo papel mojado, alejados de la realidad cotidiana de las trabajadoras».
Reclaman una equiparación real del trabajo doméstico con cualquier otro sector laboral, incluyendo el reconocimiento de la pernocta como tiempo de trabajo, un registro horario efectivo y mecanismos de protección frente a represalias para las trabajadoras que denuncien abusos.
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