La imposibilidad de limitar el precio de los alquileres en los municipios «tensionados» porque la Diputación de Gipuzkoa no ha facilitado los datos necesarios para hacerlo ha sido denunciada este lunes por Stop Desahucios durante una concentración que ha realizado ante la citada administración. La entidad foral ha desmentido esa acusación a través de un comunicado.

La plataforma ha explicado que en esa situación se encuentran Errenteria, cuya declaración fue publicada en el BOE del 30 de enero; Irun, Lasarte-Oria y Zumaia, cuyas órdenes han sido publicadas en el BOE del 30 de abril.

Y ha asegurado que lo mismo puede ocurrir cuando salgan publicadas en el BOE de julio las de Donostia, Hernani y, probablemente, Astigarraga y Tolosa. «La situación es aún peor, considerando que en Donostia hay 3.000 viviendas en manos de grandes tenedores y fondos buitre», ha indicado.

Ha calificado de «llamativo que, en la orden del 11 de abril, en el SERPAVI (Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda) aparezcan los datos de los contribuyentes que ha suministrado Navarra y no los de Euskadi y sus territorios».

Mociones para que se aplique la ley

Al respecto, Stop Desahucios ha recordado que, «junto con las plataformas de Inquilinos Azora y Alokairu VPO de Benta Berri, durante 2023 hemos presentado mociones en los plenos de diez ayuntamientos, incluyendo Donostia y las Juntas Generales de Gipuzkoa, para la aplicación de la Ley de Vivienda que regula el control de los especulativos precios del alquiler».

En este sentido, ha indicado que «conseguimos que en el pleno del 8 de mayo de 2023, las Juntas Generales aprobaran una resolución dirigida a la Diputación foral para que confeccionara los datos fiscales y de los contribuyentes necesarios para que se pudieran elaborar los índices de precios de referencia de los alquileres en el territorio».

Y ya en febrero de este año, «hemos presentado mociones en los plenos de Lasarte-Oria, Donostia e Irun con el mismo objetivo de que instaran al Gobierno de la Diputación foral el envío urgente de los datos al Ministerio de Vivienda».

Stop Desahucios valora «el esfuerzo que vienen haciendo los municipios ‘tensionados’ en confeccionar la memoria justificativa y el plan de tres años que contiene las previsiones para ampliar el parque de viviendas de VPO, en especial las de alquiler social, dedicando recursos humanos y económicos. Y también, el impulso en los últimos meses dado por la Consejería de Vivienda de Gobierno Vasco en la tramitación de los expedientes, cuya lentitud estas plataformas veníamos criticando».

Actitud «negligente e irresponsable»

La plataforma considera que «esta voluntad política de ayuntamientos y Consejería en paliar con las herramientas de la Ley de Vivienda el drama social de no poder acceder a una vivienda, choca con la actitud negligente e irresponsable de Hacienda y Diputación, cuyo resultado es que los municipios ‘tensionados’, que lo son precisamente por los elevados precios del mercado del alquiler, no los puedan intervenir y destensionar».

Ha añadido que «más del 80% de la ciudadanía guipuzcoana manifiesta en las encuestas de opinión estar de acuerdo en bajar los alquileres impagables de un territorio y de su capital, Donostia, con el metro cuadrado más caro del Estado, que les impiden acceder a una vivienda y que son la causa principal de las demandas de desahucio por impago del alquiler».

Apunta que «esta falta de voluntad política está beneficiando los intereses de los grandes tenedores, bancos, fondos de inversión e inmobiliarias, seguidos incondicionalmente por los pequeños rentistas, que han convertido la vivienda en un negocio especulativo que es necesario intervenir y controlar para beneficio del bien común, como se tiene que intervenir el mercado financiero para evitar nuevas crisis como las del 2008 o el energético para impedir otro apagón».

Finalmente, ha señalado que confía en que «estas dos instituciones tomen buena nota para que el Ministerio y el SERPAVI, a la mayor urgencia, reciban los datos de los contribuyentes guipuzcoanos con los que confeccionar los índices de precios para que la Ley de Vivienda se pueda aplicar en su totalidad y no como hasta ahora, que se aplica mutilada».

Desmentido de la Diputación

Ante la acusación de Stop Desahucios, la Diputación de Gipuzkoa ha hecho pública una nota en la que «desmiente dicha acusación y reitera que la institución foral ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones».

En concreto, la portavoz de la entidad foral, Irune Berasaluze, ha asegurado que «no es cierta la acusación de que la Diputación se haya retrasado en su trabajo o haya mostrado falta de colaboración institucional. El trabajo está hecho y está hecho en plazo».

Ha añadido que «desde que se recibió la solicitud a finales de 2024, la Hacienda Foral ha trabajado con absoluta seriedad y compromiso, y los datos se remitieron a finales del pasado mes de enero».

Berasaluze ha asegurado que «la Diputación Foral de Gipuzkoa ha mostrado desde el primer momento plena disposición y colaboración con el Ministerio de Vivienda y ha mantenido igualmente una estrecha coordinación con Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, que es el órgano encargado de desarrollar técnicamente el índice de precios de referencia del alquiler».

Se trata, según ha indicado, de «un trabajo técnicamente muy complejo, ya que implica el cruce y la explotación de información procedente de fuentes muy distintas, y además con sistemas de funcionamiento diferentes entre la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda Foral».

A pesar de esa dificultad, ha afirmado que «el trabajo de recopilación y preparación de datos concluyó el pasado 23 de enero, y en esa fecha, la Diputación remitió a Eustat toda la información requerida para el desarrollo del índice».