Ante «la situación de emergencia» que sufre Altsasu y que se ha visto agravada por el cierre de Sunsundegui, el sindicato LAB ha pedido al Gobierno de Nafarroa que ponga en marcha cuanto antes un plan de reindustrialización. Además, ha solicitado que se depuren responsabilidades por el fin de la empresa, del que culpa a la dirección de José Ignacio Murillo y a UPN por su falta de control.

Cómo se ha llegado al cierre de Sunsundegui, las consecuencias que tiene principalmente en Altsasu y cómo hacerle frente son algunas de claves que han analizado en una comparecencia ante los medios Gaizka Uharte, responsable de LAB en Sakana, y Oskar Telletxea, delegado del sindicato en Sunsundegui.

El primero ha detallado el impacto que supone ese cierre en una localidad que ya vive una «situación de emergencia». Teniendo en cuenta que van a perder el empleo 342 personas, «vemos que Altsasu tendrá menos personas de alta para la Seguridad Social, es decir, menos empleos que en 2013, cuando el desempleo alcanzó al 20% de la población. Está claro que la situación actual no es la misma y que el desempleo no va a subir de la misma manera».

Esta situación les lleva a pensar que la localidad «corre el riesgo de ser un pueblo dormitorio donde la gente tiene que desplazarse en búsqueda de oportunidades. A la larga, esto supone que los jóvenes tengan que abandonar Altsasu para poder labrarse un futuro».

Por ese motivo, plantea al Gobierno de Nafarroa «un plan concreto de reindustrialización y con plazos para su ejecución» del tipo que se ha aplicado en lugares como Irurtzun, Arbizu o Lakuntza, y que, desde 2007, «ha creado más de 1.000 puestos de trabajo».

Al respecto, Uharte ha indicado que es hora de que el Ejecutivo navarro «aborde la situación, haga un diagnóstico de los polígonos y qué pasa con lo que quede de Sunsundegui». Y le ha pedido «un plan con plazos, concreciones y dinero, y en el que participen los agentes sociales».

«El cierre no ha sido algo fortuito»

De esta manera se quiere paliar los efectos del cierre de Sunsundegui, que «no ha sido algo fortuito», sino que, en opinión de LAB, tiene unos responsables directos.

Cómo se ha llegado a esa situación ha sido explicado por Telletxea, quien ha recordado que el día 30 de abril, «finalizó el periodo de consultas correspondiente al expediente de extinción de 338 contratos de trabajo». Y «todavía hoy, la plantilla se encuentra de alta en la empresa a la espera de que un juez autorice los despidos y se aporte la documentación necesaria para poder cobrar la prestación por desempleo y la deuda del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)», que es una indemnización mínima legal de 20 días por año.

Por el momento, desde el 30 de abril, «la plantilla se encuentra sin cobrar, generando deuda y en una situación de incertidumbre total».

Es el resultado final de un proceso que vivió un momento clave en 2010, cuando Sodena, entonces bajo el gobierno de UPN, adquirió la empresa por un euro. En tan solo tres años, «la planta acumuló 36 millones en pérdidas y «UPN optó por deshacerse de Sunsundegui, perdonando una parte de la deuda a la dirección que ellos mismos pusieron, con Jose Ignacio Murillo a la cabeza».

En 2013 se pactó un plan de viabilidad entre UPN, UGT y la dirección, que «hizo que el gobierno abandonara Sunsundegui, dejando el 51% de la empresa en manos de Murillo» y que UGT «lograra que sus afiliados se quedaran en la empresa, mientras que LAB, único sindicato que no apoyó aquellos planes, fue el más afectado por unos despidos que en su día calificó como ideológicos».

Volvo, ¿solución o parte del problema?

El plan de viabilidad fue posible gracias al apoyo de Volvo, que ponía la carga de trabajo. Pero Telletxea ha destacado que «a LAB le queda la duda de si Volvo ha sido parte de la solución o parte del problema durante este tiempo. Ellos han sido los que han conseguido vender su producto, sus chasis, mientras la carrocera Sunsudegui asumía las pérdidas».

En 2017, el sindicato participó en un acuerdo «con la dirección y Sodena que supuso un plan de inversiones de 5,1 millones que iban destinados a la modernización de la planta. No obstante, aquel plan de inversiones no fue suficiente para la deseada modernización y tampoco se pudieron llevar a cabo las recomendaciones organizativas realizadas por consultoras externas».

Esa falta de modernización hacía que LAB tuviera serias dudas de que saliera adelante el acuerdo estratégico con Volvo de 2023 que incluso se aseguraba que crearía 800 puestos de trabajo.

Sí que vio «un punto de inflexión con la destitución de Jose Ignacio Murillo y la creación de un consejo donde participaba el Gobierno de Navarra a través de Sodena. Aquella fue una buena noticia, dado que por primera vez desde 2013 se recuperaba el control público de la empresa. Además, este cambio vino acompañado de que consultoras externas trabajaran en un plan de viabilidad para la planta y en tratar de dar solución a los problemas financieros de la empresa».

Sin control

Pero estas últimas decisiones llegaron «con más de una década de retraso», un lapso de tiempo en el que «apenas hubo control público y se confió todo al tándem conformado por la dirección de José Ignacio Murillo y Volvo».

LAB considera que «ellos han sido los máximos beneficiarios del dinero público destinado a financiar Sunsundegui y las trabajadoras y trabajadores han sido los paganos de sus deudas y de su mala gestión». Por todo ello, Telletxea ha señalado que «hay que aprender de lo sucedido en Sunsundegui para que no vuelva a pasar».

En vista del devenir del proceso y su dramático resultado final, desde el sindicato consideran que resulta imprescindible «abrir el melón de lo ocurrido en Sunsundegui y que se determine quiénes son los responsables de lo ocurrido». Y ha insistido en exigir «a la administración concursal que lo investigue y al Gobierno de Navarra, que encuentre una alternativa real para Sunsundegui».

Berrindustrializazio plan zehatz bat eskatu diote nafar Gobernuari

Sunsundeguiren itxierak okertu egin du Altsasuko "larrialdi egoera", eta LABek Nafarroako Gobernuari eskatu dio lehenbailehen berrindustrializazio plan bat martxan jartzeko eta itxieragatik erantzukizunak argitzeko. Murilloren zuzendaritzari eta UPNri egotzi die horren errua. Hori dela eta, Iruñeko Exekutiboari «berrindustrializazio plan zehatz bat eta hura gauzatzeko epeak dituena» planteatu dizkio, Irurtzun, Arbizu edo Lakuntza bezalako lekuetan aplikatu den motakoa. Azken honetan, 2007tik «1.000 lanpostu baino gehiago sortu dituena».