Después de que la Audiencia Nacional confirmara en una sentencia que Iratxe Sorzabal, presa en estos momentos en la prisión de Zaballa, sufrió graves torturas para lograr su autoinculpación, y de que la consejera de Justicia del Gobierno de Lakua asegurara que es un tema que «nos ocupa y nos preocupa» –y la portavoz del Ejecutivo señalara con antelación que de ello se ocuparía Gogora–, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley para que el Instituto ponga a su disposición los medios para que pueda ejercer sus derechos.

El pasado 8 de mayo se conoció que, a través de una sentencia, la Audiencia Nacional reconocía por vez primera que la autoinculpación de Iratxe Sorzabal durante su detención en 2001 a manos de la Guardia Civil, fue debida a tortura. «Existe la evidencia de que fue sometida a la aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban», aseguró y absolvió a la acusada.

Sin embargo, Iratxe Sorzabal sigue presa en la prisión de Zaballa, que administra el Gobierno de Lakua, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en la que recuerda que «a pesar de que las torturas sufridas por Sorzabal han quedado retratadas, el recorrido jurídico no ha concluido». Y entiendo que en este caso «resulta imprescindible dar una respuesta acorde al nivel de relevancia jurídica y política que este caso tiene. Y es que el acompañamiento al recorrido jurídico de Sorzabal y el apoyo de las instituciones serán imprescindibles para dar un paso adelante en la reparación de las víctimas de la tortura y reconocer la relevancia política de este caso».

El pasado viernes, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, aseguró a pregunta de EH Bildu que este «es un tema que nos preocupa y nos ocupa», y que trabajarán para garantizar a sus víctimas, como a las de ETA, «verdad, justicia y reparación». Con anterioridad, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, cuando se le preguntó si preveía dar una reparación a la víctima de torturas, respondió que «este es un tema que en todas sus vertientes se debe abordar en el seno del Instituto Gogora».

Dos puntos

En la proposición no de ley presentada por EH Bildu, en primer lugar  pide que el Parlamento inste  «a Gogora a poner a disposición de Sorzabal todos los medios jurídicos necesarios para que pueda ejercer sus derechos ante la Justicia, y para que se investiguen y clarifiquen las responsabilidades penales de los agentes del Estado autores de aquellas torturas».

Y, en segundo lugar, que también inste «al Gobierno a adoptar medidas para que todas las ciudadanas y ciudadanos vascos que han sufrido torturas ejerzan su derecho a la verdad, justicia y reparación, promoviendo los mecanismos jurídicos y los cambios legislativos necesarios».

EH Bildu recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional es «histórica» puesto que «es la primera vez que la Audiencia Nacional dicta una sentencia así. Por ser la primera vez, y por utilizar el término trato inhumano, las consecuencias jurídicas y políticas de esa sentencia tienen una gran relevancia tanto para Sorzabal como para la sociedad vasca».

A su entender,  «puede servir para visibilizar los pasos que hay que dar en el reconocimiento y reparación de la realidad de la tortura. Una vez más, ha quedado patente la actualidad del tema de la tortura». Y, por ello, presenta sus propuestas.