Con los votos a favor de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, la abstención de Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PP, Vox y la parlamentaria no adscrita, se ha aprobado el proyecto de ley foral para la reducción de la temporalidad. Una de las principales medidas que recoge el proyecto de ley es que quien obtenga plaza deberá estar dos años antes de poder pedir una excedencia o traslado.

El texto inicial excluía a los ayuntamientos y PSN, EH Bildu y Geroa Bai han presentado una enmienda para que no se diera esa «diferencia» entre trabajadores públicos.

La Ley Foral, que es producto del mandato de la Cámara a resultas de la convalidación del Decreto Ley Foral 1/2025, de 7 de mayo, tiene por objeto establecer las disposiciones para, agilizando la resolución de los procedimientos, facilitando el acceso de personas con menor antigüedad, incentivando la ocupación de plazas de difícil cobertura y condicionando la concesión de la excedencia voluntaria a la permanencia de al menos dos años en la plaza obtenida, avanzar en la reducción de la temporalidad hasta niveles no superiores al 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas, tal y como se pretendía con la Ley Foral 19/2022.

En relación con el régimen de excedencias voluntarias, se introducen distintas modificaciones. Por un lado, se establece un periodo mínimo de permanencia de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo de ingreso antes de poder solicitar una excedencia voluntaria.

Esta modificación, que se introduce por un periodo de dos años desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley Foral, pretende asegurar el desempeño efectivo en la plaza adquirida en el proceso selectivo durante un periodo mínimo de tiempo.

Asimismo, en el supuesto de la concesión de la excedencia voluntaria para prestar servicios en otra Administración Pública, además de la permanencia de dos años, se restringe al supuesto de que los servicios en la administración de destino tengan carácter fijo.

División dentro del Gobierno, pero con el apoyo de EH Bildu

Los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra no han votado en la misma dirección, ya que Contigo-Zurekin se ha desmarcado del apoyo a la iniciativa. Su portavoz, Miguel Garrido, ha explicado que «no se ha logrado consenso». 

También ha mostrado su preocupación por que PSN y Geroa Bai hayan buscado el apoyo de EH Bildu. «Puede que sea una herida más a la que no se le dará demasiada importancia con el tiempo, pero nos preocupa que se acuerden los temas de empleo público con LAB en lo sindical y con EH Bildu en lo político, no nos van a encontrar».

La postura de Garrido va en línea con los posicionamientos de los sindicatos AFAPNA, CCOO, ELA y UGT, que habían organizado protestas contra la norma en anteriores fases del procedimiento. 

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha defendido que «acelerar la reducción de temporalidad no es solo una obligación, también un deber con la mejora de los servicios públicos. No es de recibo crear plazas y que no se ocupen con carácter estable».

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que «es evidente que no se ha llegado a un acuerdo con el personal», pero que visto que solo se ha presentado una moción, la de Contigo, en la línea de las reivindicaciones sindicales, «da la sensación que si el contenido fuera más criticable, habría más enmiendas».

Araiz ha dicho que, paradójicamente, quienes se oponen a esta ley no han presentado tantas enmiendas, lo que evidenciaría que no creerán que la ley está formulada tan mal.

Araiz ha defendido que este proyecto de Ley «no disminuye la calidad» de los servicios públicos» y ha desmentido que se haya elevado la norma con rango de ley de la valoración de los idiomas como mérito.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha indicado que el objetivo de la reducción de la temporalidad «se está cumpliendo, pero hay que ahondar para lograr ese objetivo del 8%. No puede combatirse con parches temporales, esto introduce mejoras para que el sistema sea más justo. El establecimiento de un mínimo antes de la excedencia, es una medida equilibrada».

La oposición denuncia «recortes»

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha salido a la tribuna con una pegatina en contra de los recortes, ya que considera que esta ley recorta los derechos de los trabajadores. «El único que ha recortado los derechos de los funcionarios fue el señor Zapatero que bajó los salarios. Los hechos son los que son, Zapatero y Chivite».

«Han decidido recortar derechos que los trabajadores tenían en gobiernos de UPN. Lo han hecho para poder recibir los fondos europeos estando al 8%, porque aprobaron un decreto chapuza y han sido incapaces de llevar a término estos procesos. Los que pagan la ineptitud del Gobierno son los trabajadores. Un recorte hecho por un progresista es una medida adecuada», ha añadido antes de señalar que «esta ley va a terminar casi seguro ante el Tribunal Constitucional».

Irene Royo, del PP, ha afirmado que «este proyecto se podría llamar proyecto timo, porque toman medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad». También ha defendido que hay que regular el que se pidan excedencias nada más obtener una plaza.

Emilio Jiménez, de Vox, ha calificado la Ley como «un atajo» y ha pedido «mayores consensos para una mejor norma». La parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, ha dicho que la medida de mantener a alguien dos años en un puesto es "injustificable ¿Desde cuándo se mejora un servicio reteniendo a los trabajadores?».