EH Bildu ha registrado este martes una proposición de ley en el Parlamento de Gasteiz para que, con carácter general, se exija el conocimiento del euskara y el castellano a la hora de acceder al empleo público, aunque con «la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas realidades organizativas y sociolingüísticas». Pello Otxandiano, el portavoz parlamentario de EH Bildu, había avanzado esta propuesta en una entrevista en NAIZ Irratia esta mañana.

Además, la proposición apuesta por lograr un «consenso desde distintas sensibilidades para cerrar el debate» en torno a esta cuestión que «distorsiona y perjudica los avances cualitativos que necesita el euskara en este momento crucial».

El texto propone «un nuevo paradigma que dote de seguridad jurídica y adaptado al contexto sociolingüístico actual, pero que al mismo tiempo permita una gestión inteligente y flexible en función de los diversos contextos sociales, organizativos y humanos».

En este sentido, plantea una reforma estructural que busca «devolver seguridad jurídica al sistema, garantizar los derechos lingüísticos en un marco planificado y respetuoso con la pluralidad, y ofrecer una salida política y técnica que recupere el equilibrio y la legitimidad democrática del modelo de perfiles lingüísticos en el sector público vasco».

La formación soberanista cree que esto se tiene que hacer mediante una norma con rango de ley, al considerar que «una reforma mínima vía reglamento no será suficiente para salvaguardar el sistema actual». De esta forma, defiende que «la intervención debe invertir los términos del sistema vigente, estableciendo como principio general el conocimiento de las dos lenguas oficiales en el acceso al empleo público vasco, permitiendo excepciones al requisito del euskera únicamente mediante criterios legales y planificación lingüística».

Así, apuesta por transitar hacia un modelo en el que las exigencias lingüísticas sean generalizadas en los procesos de acceso, aunque «dotándolo al mismo tiempo de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas realidades organizativas y sociolingüísticas».

«Revertir el funcionamiento actual»

Se trata, según apunta, de «revertir el funcionamiento actual, en el que las exigencias lingüísticas se aplican únicamente a las plazas previamente determinadas por los poderes públicos». «En el nuevo modelo, se partiría del principio inverso: la exigencia del conocimiento de ambas lenguas sería general, pudiendo exceptuarse, de forma justificada y objetiva, aquellas plazas determinadas por los poderes públicos. En tales casos, el conocimiento del euskera sería valorado como mérito», añade.

En su opinión, «existen condiciones objetivas que respaldan este cambio», ya que, según la VII Encuesta Sociolingüística, el 75% de la población encuestada «apoya la exigencia del conocimiento de las dos lenguas oficiales en la administración pública».

Además, destaca que el conocimiento bilingüe entre la población joven (de 0 a 29 años) ha pasado del 50% en 1986 al 90% en 2021 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Consenso sin debate mediático

En todo caso, asegura que «este avance no excluye la necesidad de planificar con flexibilidad y empatía», pero no se puede «retroceder ni convertir el uso del euskara en la administración en un tema de debate mediático constante, ya que ello distorsiona y perjudica los avances cualitativos que la lengua necesita en este momento crucial».

«Debemos ofrecer una solución que permita cerrar el debate con un nuevo consenso. Si logramos acordar una propuesta desde diferentes sensibilidades, estaremos enviando una señal positiva a la sociedad y creando las condiciones necesarias para abrir una nueva etapa en el proceso de revitalización del euskara», indica.

Por ello, EH Bildu propone «un nuevo paradigma que consolide un sistema con mayor seguridad jurídica y adaptado al contexto sociolingüístico actual, pero que, al mismo tiempo, permita una gestión inteligente, empática y flexible en función de los diversos contextos sociales, organizativos y humanos».

La propuesta se articularía, tal como explica, mediante una modificación puntual de la Ley de Empleo Público Vasco, con el criterio general de que en los procesos selectivos para el acceso a la función pública vasca sea exigencia que se acredite «un conocimiento adecuado del euskera y del castellano, tanto oral como escrito, en función de las tareas propias de cada plaza».

La formación soberanista asegura que este principio ya se encuentra en otras legislaciones autonómicas, como en Galicia, Catalunya o el País Valencià.

Además, señala que debe darse una «flexibilidad», de forma que las administraciones públicas de la CAV podrán, «de forma justificada, inaplicar o aplazar la regla general en determinadas plazas, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas del ámbito geográfico correspondiente o a los criterios definidos en sus instrumentos de planificación lingüística».

En esta línea, manifiesta que el nuevo sistema debería incluir un índice de exención, es decir, un porcentaje máximo de plazas para las que no se exija el conocimiento del euskara en el acceso. En estos casos, el conocimiento del euskera se valoraría como mérito.

Facilidades para el aprendizaje y universalidad

EH Bildu considera, además, que se deben habilitar «más recursos y mayores facilidades para el aprendizaje del euskara, incluyendo planes de formación personalizados, liberaciones horarias, apoyo específico para personas que hayan accedido a la función pública sin acreditar el nivel lingüístico requerido, y acceso equitativo a estos recursos, independientemente del estatus laboral».

«Esto permitiría garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de adquirir la competencia lingüística necesaria, y reforzaría el papel de la administración como agente tractor del conocimiento del euskara en la sociedad», precisa.

Evaluación del desempeño lingüístico

También plantea «un cambio de paradigma en los sistemas de acreditación y evaluación», de forma que se evolucione «de un modelo centrado en exámenes hacia sistemas de evaluación competencial y basados en el desempeño real».

Para EH Bildu, «esta transformación, a menudo relegada, es fundamental para la motivación del personal y para fomentar un uso efectivo del euskera en el entorno laboral».

El grupo soberanista destaca las ventajas que supone el sistema que propone, ya que, a su entender, «aporta seguridad jurídica y viabilidad real a los procesos selectivos», además de permitir «una aplicación flexible sin alterar necesariamente el equilibrio actual». Asimismo, asegura que «fomenta un aprendizaje universal del euskara, con evaluación orientada al uso efectivo y no solo a la acreditación formal».

El PNV dice que dará un paso y el PSE pone pie en pared

Ante este movimiento de EH Bildu, el PNV ha dicho este miércoles estar dispuesto a dar «un paso al frente» en cuanto a la exigencia del euskera para acceder a un empleo público mientras que su socio de gobierno, el PSE, le ha avisado de que será un «error» romper el consenso en esta materia.

La presidenta del PNV de Araba, Jone Berriozabal, ha señalado en una entrevista en Onda Vasca que confía en llegar a un acuerdo con el PSE «esta misma semana» pero que el PNV «tiene claro que hay que dar un paso al frente» y dotar de seguridad jurídica a la exigencia de perfiles de euskara en las OPE de las instituciones vascas.

«Todo tiene que ver con el equilibrio y la proporcionalidad», por lo que el PNV plantea «tener en cuenta los ámbitos territoriales, las realidades lingüísticas de cada uno, así como las categorías del puesto y el nivel de interacción que tienen los empleados con los ciudadanos», ha explicado.

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha avisado al PNV por contra de que hacer «seguidismo» a EH Bildu en esta materia «es un error».

«Llevamos semanas trabajando, a petición del PNV, sobre el euskara y no vemos una razón de peso para cambiar el marco regulatorio que se acordó la pasada legislatura con el decreto de normalización lingüística en el sector público vasco», ha dicho Andueza en una rueda de prensa en Bilbo.

En su opinión, EH Bildu hace una «utilización política» del euskara y su propuesta persigue el «objetivo de romper consensos» pero el PSE no se moverá.

El presidente del PP en la CAV, Javier De Andrés, ha recalcado por su parte que la realidad es que en Euskal Herria las personas que pueden acreditar un perfil lingüístico como el B2 representan un 14 % de la población, y a partir de ahí es donde se tiene que hacer la ordenación del sistema administrativo.

«Son disputas entre nacionalistas», ha dicho en referencia a la propuesta de EH Bildu.

LAB y ELA respaldan el planteamiento

Un día después de formularse, LAB ha valorado positivamente este planteamiento de EH Bildu y ha advertido de que, «si no se adoptan medidas para restablecer los perfiles lingüísticos y garantizar los derechos», promoverá «contundentes movilizaciones el próximo curso».

El sindicato ha considerado que en un contexto «de ofensiva judicial contra la euskaldunización de la Administración», una cobertura legal «adecuada es imprescindible para lograr la plena normalización del euskara en la Administración».

A su juicio, es «adecuado y necesario» el planteamiento de EH Bildu de «equiparar las exigencias de conocimiento de euskera y castellano».

Para LAB, es necesario poner en marcha una nueva política lingüística «que ofrezca medios y protección legal, así como aprobar una nueva ley del euskera».

Tras indicar que hay que fomentar que el euskara «sea una herramienta de cohesión social y poner los medios para ello», ha opinado que «alimentar, como hacen desde algunos sectores, la dicotomía entre derechos lingüísticos y derechos laborales ataca directamente a esa cohesión social».

LAB ha afirmado que «poder vivir y trabajar en euskara es un derecho básico» y que las trabas para ejercerlo se han incrementado por «la ofensiva judicial».

El sindicato ha reclamado a Lakua que pase «de las declaraciones generales a acciones concretas». De no ser así, LAB iniciará «contundentes movilizaciones el próximo curso», ha advertido.

El sindicato ELA también ha apoyado la proposición de EH Bildu porque «por primera vez equipara la exigencia del conocimiento de euskera y castellano en las Administraciones públicas» y ha reclamado que los trabajadores públicos puedan aprender euskara en horario laboral.