El martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encabezados por el teniento coronel José Antonio Balas, entraban a registrar las oficinas de la constructora Servinabar, una de las adjudicatorias de las obras en los túneles de Belate junto a Acciona y Osés. En el informe de la UCO que ha abierto la causa contra Santos Cerdán existe un apartado sobre las posibles ilegalidades en esta adjudicación, realizada en diciembre de 2023. Se trataría de la obra navarra de un supuesto entramado.

Al día siguiente, UPN reveló que había sido el denunciante del caso de estas obras y que la UCO le reclamó una discreción que ha mantenido hasta esta semana. Cristina Ibarrola, presidenta de la formación, anunciaba también que presentarían una solicitud para que se constituyese una comisión de investigación, que registró ayer mismo. El PP también la reclama.

CÁMARA DE COMPTOS

La adjudicación fue criticada en un informe de la Cámara de Comptos en noviembre de 2024, señalando que había «aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato». Junto ello, su presidente, Ignacio Cabeza del Salvador, reconocía en el Parlamento que no había ilegalidades.

El Gobierno navarro se aferra a estas palabras y proclama que ha habido transparecencia y que no hay ninguna ilegalidad en el procedimiento. Así lo destacó ayer el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en la Cámara.

El levantamiento del secreto de sumario de la causa contra Cerdán hizo que UPN redoblara sus ataques contra el Gobierno de Chivite. «Todos sabemos quién manda en Navarra en los últimos seis años, se llama Santos Cerdán, no se llama María Chivite», proclamaba el portavoz de UPN, Javier Esparza, a los medios en el Parlamento.

Los socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, por la mañana reclamaban prudencia y rechazaban la comisión de investigación. Por la tarde, Geroa Bai elevaba el tono y reclamaba explicaciones «de manera urgente» a Cerdán y al PSOE. Además, exigía al PSN que garantice que en sus áreas de responsabilidad no ha existido ninguna irregularidad.

EH Bildu, por su parte, pedía prudencia, pero reclamaba que se investigue «hasta el final» lo sucedido en Belate. No se posicionó sobre la comisión de investigación, pero alertó de que «a priori es más una comisión política que una dirigida a esclarecer los hechos».