LAB ha presentado este lunes en Bilbo los ejes de su propuesta de política industrial para la transición ecosocial, una iniciativa que pretende fijar los cambios estructurales que requiere hacer frente a la crisis climática «en términos ecosocialistas» y defender al mismo tiempo los derechos y condiciones laborales de la clase trabajadora.

En una comparecencia en la que también se ha hecho una valoración del plan de industria del Gobierno de Lakua, que LAB tacha de «continuista» e «insuficiente», Igor Arroyo, coordinador general del sindicato, ha resumido un documento que parte de la base de que «la gravedad de la crisis ecológica ya no admite matices», de modo que «estamos al borde de un desastre climático y ecológico irreversible», un escenario complejo ante el que constata que «los mecanismos de mercado para combinar crecimiento económico, mejora de la competencia y preservación del medio ambiente han demostrado ser un fracaso».

«Para el capital hay una premisa clara: la transición antes que ecológica tiene que ser rentable», expone LAB, que menciona dos consecuencias principales de esta actitud: por un lado, «que solo se invierte en aquellos sectores productivos en los que existe una expectativa de beneficio lo suficientemente atractiva», algo que «no tiene por qué coincidir con aquellos sectores más prioritarios para las necesidades sociales y territoriales, dejando abandonados ámbitos con gran importancia pero menor rentabilidad», y por otro, que «la inversión productiva en muchos casos se acompaña con un ajuste sobre las condiciones laborales, que empeora, precariza o destruye empleos».

«De esta forma le pasan la factura de la transformación productiva a la clase trabajadora, que ve perjudicadas sus condiciones de vida», censura la central, que también critica que «grandes empresas multinacionales presionan a los gobiernos para que rebajen y retrasen los objetivos de reducción de emisiones». El resultado, concluye, es que se está haciendo «demasiado poco», «demasiado tarde» y de forma «demasiado injusta».

A juicio de este sindicato, «mientras ese sea el marco impuesto, se retrasará la reducción de emisiones y se acentuará la precarización del empleo», y «la transición ecosocial es demasiado importante como para permitir que aumenten las desigualdades y el resentimiento a costa de una transformación productiva dirigida por el capital».

Cuatro tipos de transformación industrial

LAB sostiene que «un modelo industrial acorde con la transición ecosocial implica una reorganización productiva que reduzca las emisiones, el consumo de energía y el uso de materiales» una reorganización que, indica, «debe hacerse partiendo de las necesidades sociales y ecológicas de nuestro territorio», «reduciendo la dependencia hacia la importación de materiales y combustibles fósiles» y «dándole una mayor prioridad al cierre del ciclo de materiales, reduciendo la extracción de recursos naturales».

En esta tesitura, el informe, que la central va a compartir y contrastar con otros agentes al objeto de «abrir un debate social» sobre este asunto, dibuja «los contornos de cuatro tipos de transformación industrial que necesitamos», transformaciones que representan «un horizonte hacia el que caminar y que «deberían ir acompañadas de un cambio socioeconómico más amplio y ofrecer una alternativa laboral a todas las personas trabajadoras afectadas».

Así, aboga en primer lugar por «el desarrollo de nuevos sectores productivos», entre los que cita «la fabricación de tecnologías para la transición energética, la rehabilitación energética de edificios y la gestión de residuos y la recuperación de materiales». «Juegan –valora– un papel clave para hacer posible la transición energética, reducir el impacto ecológico de otros sectores y cerrar los ciclos de materiales».

Junto a ello, señala también «la transformación del proceso productivo» en sectores como «siderurgia, cementeras, petroquímica, industria química, papeleras, vidrio y cerámica», que «tienen un elevado consumo energético y unas elevadas emisiones asociadas a su proceso productivo».

Menciona asimismo «la transformación del producto», ya que «en sectores como la automoción, la aeronáutica o la edificación el impacto ecológico y social no se encuentra en su proceso productivo, sino en el uso de los productos fabricados a lo largo de su vida útil». En estos casos, explica LAB, «es necesario cuestionar el actual nivel de producción y las dependencias sociales que tiene asociadas», y puntualiza que «no se trata de cambiar la fabricación de vehículos privados de combustión por vehículos privados eléctricos. Se trata de transformar el modelo de movilidad, reducir la dependencia hacia los vehículos privados y aumentar la fabricación de vehículos de transporte público».

LAB se opone «firmemente» a la expansión de la industria armamentística, «puesto que sustrae recursos socialmente necesarios para alimentar la escalada belicista»

Y en cuarto lugar considera que hay que «caminar hacia la supresión de algunos sectores productivos. Hablamos especialmente de la industria armamentística y la industria dedicada a la extracción y refino de combustibles fósiles».

Estos sectores, zanja el sindicato, que dedica un capítulo entero a la conversión de la industria militar de Euskal Herria, «simplemente deben abandonar su producción actual, por ser incompatible con una transición ecosocial».

Transición ecosocial y condiciones laborales

Partiendo de esta base, y tras considerar que «la transición industrial debe acompañar cambios estructurales en el modelo de suministro energético, de infraestructuras, de urbanismo, de movilidad, de comercio internacional y de gestión de residuos», LAB enumera siete propuestas concretas de política industrial para la transición ecosocial.

La primera de ellas expone la necesidad de «planificar la transición industrial». Según apunta,«conocemos de antemano qué sectores industriales se deben transformar con mayor profundidad para reducir las emisiones, el consumo de energía y el de recursos naturales», y tras enumerar algunos de ellos, considera que «solo a través de la planificación podemos asegurar que se cumplan dichas transformaciones en los plazos necesarios y sin efectos traumáticos sobre el empleo y las condiciones laborales. En ausencia de planificación pública, será el mercado y la expectativa de beneficio quien lidere una transición insuficiente, desordenada e injusta».

«Nuestro planteamiento consiste en defender el avance de la transición ecosocial al mismo tiempo que las condiciones laborales de la clase trabajadora y el avance de la democracia económica», resume el extenso documento, donde se advierte además de que «esto no se logrará con diálogo social y concertación, sino dando cada lucha y elevando la conflictividad».

Por ello, LAB plantea tres vías de planificación: «la planificación de la transición industrial desde las instituciones públicas, con procesos de participación real y vinculante de los sindicatos»; «que los planes estratégicos de las empresas sean sometidos a negociación colectiva, que se discutan y se voten en los comités de empresa, teniendo capacidad de veto al respecto»; y «que los sindicatos puedan elaborar propuestas propias de reconversión de sectores, debatirlas con las personas trabajadoras implicadas y trasladarlas tanto a marcos de acción sindical y negociación colectiva como a marcos institucionales».

Como segundo punto, en el documento se considera que «la planificación debe ir de la mano de un fuerte control y regulación pública, que entre en la propiedad de los sectores en transformación». Para el sindicato, el trasvase de dinero a empresas privadas, que ahora se está haciendo bajo la justificación de la transición energética, «no puede hacerse sin ninguna consecuencia sobre la propiedad». «La entrada pública en la propiedad de empresas debe actuar como garantía para aumentar el control democrático y social sobre la forma en la que se desarrollan las transformaciones productivas durante los próximos años», añade, para apostillar que «debe ser palanca para desarrollar transformaciones e inversiones que no se producirán guiadas únicamente por el mercado, la competencia y la expectativa de beneficios».

El sindicato considera fundamental, asimismo, «lograr mecanismos para la participación de las personas trabajadoras en las transformaciones de sus sectores económicos». Y lo cree así por dos motivos: «para dejar de presentar la transición como un proceso en el que el conflicto está ausente y reconocer que existen intereses contrapuestos», y porque «es indispensable que quienes verán su puesto de trabajo afectado por la transición ecológica tengan capacidad de disputar y decidir sobre el rumbo de dichas transformaciones productivas».

En esta línea, propone que «todas las empresas con más de 100 trabajadores cuenten con un plan de descarbonización industrial que sea objeto de negociación colectiva por parte de la representación sindical y haya sido discutido y votado en el comité de empresa».

Comités de Transición Social Justa

En su cuarta propuesta, LAB destaca que «las mismas empresas con un elevado impacto ecológico que han amasado beneficios millonarios durante décadas», aquellas cuyos «beneficios están detrás de la situación de crisis ecológica en la que nos encontramos», ahora «solicitan a los gobiernos ayudas públicas para realizar la transformación productiva». Por tanto, de forma consecuente, opina que «las grandes empresas industriales que obtienen beneficios millonarios deben destinar esos beneficios a la inversión productiva que exige la descarbonización y la transición energética».

En quinto lugar, afirma que «combinar transición ecosocial y mejora de las condiciones laborales pasa necesariamente por una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario», de tal forma que «debemos avanzar hacia una semana laboral de 30 horas que redistribuya la carga de trabajo y amortigüe las transformaciones». De igual modo, propone impulsar «mejoras laborales que dignifiquen el empleo».

Considera necesario avanzar hacia una semana laboral de 30 horas «que redistribuya la carga de trabajo y amortigüe las transformaciones» que se deben acometer

La sexta propuesta tiene como epígrafe ‘Transición ecosocial justa: repartir, reconvertir y recalificar’, y dado que «desde el sindicalismo de contrapoder no nos limitamos a esperar que al capital le vaya bien, sino que entramos a disputar cómo se realizan esas transformaciones productivas», aboga por «el conflicto en favor de una transición ecosocial justa que asegure el reparto, la reconversión y la recualificación del empleo».

Por ello, y porque «no existen mecanismos realmente eficaces para evitar el impacto sociolaboral de decisiones corporativas sobre la transformación productiva», plantea la creación de Comités de Transición Ecosocial Justa en las comarcas, defiende que «es responsabilidad de las instituciones públicas realizar diagnósticos y estudios sobre el impacto sociolaboral de las transformaciones de la industria de Euskal Herria asociadas a la transición ecológica y elabore propuestas que aseguren una reconversión, recualificación y reparto del empleo», y propone que «las Mesas de Reindustrialización sean obligatorias para aquellas empresas que tengan previsto el cierre o la reducción de la actividad».

En esas mesas, explica, «debería participar la representación sindical y las instituciones públicas, y tendrían el objetivo de revertir la decisión de cierre o reducción de plantilla e iniciar búsqueda de propuestas para el mantenimiento de la capacidad industrial, el tejido productivo y el empleo».

Como séptimo punto, el sindicato abertzale ve imprescindible «reforzar la legislación en materia de deslocalizaciones», y opina que debe existir «una fuerte regulación» que impida que las empresas que reciben subvenciones públicas luego destruyan o empeoren el empleo».

En este sentido, considera «necesario y urgente» reforzar la legislación en tres pilares: ampliar los casos contemplados en las leyes vigentes para obligar a reintegrar las ayudas; sancionar a aquellas empresas que destruyan o empeoren el empleo después de haber recibido ayudas públicas; y que se penalice el acceso a ayudas públicas a aquellas empresas en las que se constate un empeoramiento de las condiciones laborales durante el último periodo».

Muy crítico con el plan de Lakua

La presentación de las líneas maestras del documento elaborado por LAB se ha llevado a cabo en una rueda de prensa en la que, Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de la central ha hecho una lectura muy crítica del plan presentado por el Gobierno de Lakua. «La receta –ha resumido– es la misma que hasta ahora, dotar más dinero públicoa las empresas privadas y establecer menos obligaciones».

A juicio de LAB, lo expuesto por el Ejecutivo no es suficiente «porque los proyectos transformadores que incluye responden a proyectos de grandes empresas ya en marcha», «está lejos de ser una planificación con una hoja de ruta creíble para la descarbonización industrial», somete la transición energética y el desarrollo de infraestructuras «a beneficios privados», «no hay planificación sobre las transformaciones industriales más urgentes», y «no se hace referencia explícita a la industria militar».

Gete también ha denunciado la «absoluta falta de medidas para garantizar un empleo de calidad», así como que no ha habido participación de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo del plan institucional. Frente a ello, ha destacado la importancia de la acción sindical para «garantizar el derecho al empleo y lograr una verdadera transición energética en Euskal Herria».