El último macrojuicio pendiente por acusaciones políticas, en este caso organizar ‘ongi etorris’, se ha saldado este lunes en la Audiencia Nacional española con condenas mucho menores a las planteadas por las acusaciones, entre las que estaban la AVT, Dignidad y Justicia y PP. Antton López Ruiz, Carlos ‘Kai’ Saiz de Egilaz, Oihana Garmendia, Oihana San Vicente, ‘Pipe’ San Epifanio y Haimar Altuna no tendrán que entrar en prisión después de varios años de persecución por parte de la Guardia Civil y el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

La Fiscalía, las acusaciones particulares y los defensores han alcanzado un pacto que contempla la suspensión de la ejecución de las penas de prisión para los seis implicados. Según el acuerdo ratificado este lunes, los acusados aceptan una condena de 1 año y 6 meses por «pertenencia a organización criminal», más otros 6 meses y una multa por «humillación a las víctimas» y «enaltecimiento del terrorismo», evitando así el ingreso en prisión.

Los seis acusados han admitido formalmente que estos actos produjeron «humillación e impacto psicológico negativo» a las víctimas, según el acuerdo judicial ratificado este lunes. Como parte del pacto, los acusados quedarán sometidos a un régimen de libertad vigilada durante tres años, periodo en el que tendrán prohibido participar en cualquier acto o entrevista que pueda interpretarse como «enaltecimiento del terrorismo de ETA» y supongan «una humillación a las víctimas».

Este reconocimiento forma parte de las condiciones pactadas con la Fiscalía y las acusaciones particulares para la suspensión de condena, según el pacto que ha leído en el tribunal el juez José Ricardo de Prada.

Pese a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, los acusados enfrentan una de tres años y seis meses para el ejercicio de actividades públicas. El acuerdo incluye además el cierre definitivo del medio digital Kalera.info y sus plataformas asociadas –algo que ya había hecho la propia AN–.

Atrás quedan más de cinco años de causa penal, en la que estas seis personas fueran detenidas en dos operativos por la Guardia Civil, en 2020 y 2021. El instituto militar elaboró un informe en el que se les responsabilizaba de hasta 150 recibimientos a presos y presas vascas, propiciando así acusaciones de «enaltecimiento», «humillación a las víctimas» e incluso «constitución y dirección de organización criminal».

Por ello, la Fiscalía reclamó cinco años y siete meses de cárcel por 120 recibimientos, mientras las acusaciones formuladas por Dignidad y Justicia, AVT y PP lo elevan hasta nueve años.

Entre tanto, el instructor García Castellón perseveró para intentar extender la causa lo máximo posible. Una instancia superior de la Audiencia Nacional le impidió investigar chats de Sortu o Sare afirmando que suponía una extralimitación.

Llegada la vista oral este lunes, la Fiscalía ha reconsiderado su posición, rebajando las acusaciones.

«Blinda el proceso de paz y abre una vía para avanzar»

En declaraciones a los medios, Altuna ha puesto en valor el acuerdo, que según ha explica, «blinda el proceso de paz y abre una vía para avanzar». 

Ha incidido en que el acuerdo ha abortado un intento de regresión. «Este juicio, fuera de tiempo y lugar, suponía un intento de retroceder en derechos civiles y políticos y en principios democráticos básicos. Y con este acuerdo lo hemos evitado», ha manifestado, y ha destacado la apuesta de la izquierda independentista  por la convivencia, con una «actitud constructiva» para mitigar el dolor de las víctimas. 

En este sentido, ha anunciado que seguirán trabajando hacia la resolución total del conflicto que sufre Euskal Herria, «para que todas las víctimas tengan el reconocimiento y la reparación que merecen, y para que regresen todos los presos, refugiados y deportados políticos».

Sortu: «Pretendían juzgar los pasos a favor de la paz»

Sortu, por su parte, ha señalado que «a través de este juicio anacrónico han tenido el impulso de retroceder tanto en los derechos civiles y políticos como en los principios democráticos básicos, llevando de nuevo a Euskal Herria al pasado».

Más allá de juzgar a seis personas, «también pretendían juzgar los pasos dados en favor de la paz, la solución y la convivencia en Euskal Herria en los últimos 10-15 años. Mediante el acuerdo, eso es lo que han evitado los procesados», ha afirmado.

Una vez más, ha proseguido, «la actitud positiva del independentismo de izquierda ha quedado patente». Para la organización, este acuerdo es «una muestra del compromiso con la construcción de la convivencia en Euskal Herria y, en la medida de lo posible, para paliar el dolor de las víctimas».

Por último, los procesados han asegurado que seguirán trabajando por Euskal Herria. Para ello, han insistido en que seguirán impulsando un proceso de soluciones que permita avanzar en el reconocimiento de todas las víctimas y la vuelta a casa de todos los presos y refugiados vascos.

Sortu apoya el acuerdo alcanzado por los procesados y, tal y como ellos expresaron, reafirma su compromiso de «impulsar el proceso de solución hasta el final».  

EPPK zanjó la polémica

Frente a la tesis expandida por la Guardia Civil y hecha suya por García Castellón, lo cierto es que la iniciativa Kalera Kalera que se intentaba criminalizar no tenía como objetivo enaltecer y humillar, sino apoyar la apuesta por la vía legal para vaciar las cárceles hecha por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa. Por lo que respecta a los ‘ongi etorris’, fue también EPPK quien de modo voluntario renunció a los formatos públicos utilizados anteriormente. Y lo hizo en un mensaje muy claro en 2021: «Queremos ser recibidos de modo privado y discreto».

«Aun aceptando que la persona presa que sale a la calle tras largos años y condiciones  durísimas en prisión tiene derecho a recibir el abrazo de sus allegados, [esas víctimas] han expresado que los actos públicos de recibimiento les provocan dolor. Decimos con claridad que nuestro deseo es aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca», señalaba textualmente aquella declaración del Colectivo.