«Lo que hemos y estamos viviendo en nuestros barrios con el tema de la ocupación de lonjas en gran parte es culpa de la falta de medios proporcionados por las instituciones, en especial de la Diputación foral de Álava, que es la institución que debe velar por las personas que se encuentran en exclusión social grave».

Así lo han manifestado tres integrantes de Gasteiz Anitza, que este jueves han comparecido ante la Comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Araba. «Gracias por darnos la oportunidad por fin. De poder participar en este espacio para poder exponer lo que hemos tenido que vivir los últimos años en nuestros barrios. Queremos remarcar lo de por fin, ya que ha costado más de siete meses poder participar en este espacio. Empezábamos a creer que queríais evitar nuestra presencia en esta comisión, ¿a lo mejor estáis intentando ocultarnos algo?», han preguntado.

Han recordado que, según datos de Eustat, en 2022 había en Araba 762 personas en situación de exclusión grave, frente a las 328 personas que se encontraban en la misma situación en 2012. Y el inventario que ha realizado en enero de este año el Ayuntamiento de Gasteiz advierte de que hay 144 personas viviendo en calle, fábricas abandonadas o lonjas ocupadas.

«Pero todo el mundo sabe que es un dato falso o cuando menos relativo. El recuento se realiza cada dos años pasando o citando a las personas a ver si quieren contestar a un cuestionario. Si la persona se niega, no figura en la estadística. Es decir, las personas en situación de exclusión grave o muy grave, tengan o no esa consideración por la Diputación, es muy superior a los datos que se manejan», han apuntado y han recordado que durante la pandemia fue preciso habilitar un frontón para atender a todas las personas sin hogar.

«Estamos hablando de vecinas y vecinos nuestros. De personas que viven en nuestros barrios. (...) Viven con nosotros pero son invisibles. Y no nos importa. Las instituciones miran para otro lado. Son vecinos y vecinas de segunda o tercera. Y a personas que no se ven, que no existen, no se les destinan recursos. Y esta falta de recursos recae en nuestros barrios generando situaciones de confrontaciones entre vecinos provocados en mayor parte por vuestra falta de acción», han denunciado, antes de realizar un repaso de los recursos forales, Besarkada Etxea y Housing First.

Veinte plazas más

Según han indicado, la Diputación pretende crear catorce plazas para hombres, a las que se deben suman diez plazas concertadas más, en el centro de día Abegia, y otra decena para mujeres en Besarkada Etxea, que cuenta con quince plazas sin distinción de género. Housing First, el recurso mejor valorado por Gasteiz Anitza, dispone solo de cuatro plazas en dos pisos. Y el mismo equipo atiende hasta a 16 personas en acompañamiento socioeducativo. «Finalmente, se prevé un servicio de 25 plazas socio sanitarías que no tenemos claro para quién serán», ha apuntado. 

«En total se atenderán a 38 personas. Un incremento de unas 20 personas. Es un avance, pero totalmente insuficiente», han añadido, y han censurado que «desde que una persona es atendida en los servicios municipales de Hurbil, servicio que está formada por un equipo de personas totalmente insuficiente, hasta que llega a ser atendida por la Diputación pueden llegar a pasar más de 8 años».

«Las personas en situación de exclusión grave tienen miedo de ser reconocidas como tal porque la Diputación no tiene ni un mísero comedor. No tiene centros de día, no tiene un servicio suficiente de atención a nuestras vecinas. Si una persona pasa a ser reconocida por la Diputación como persona en situación de exclusión grave, deja de ser competencia del Ayuntamiento. Y la Diputación no tiene modo de atenderle. Se deja todo en manos del Ayuntamiento», han apuntado antes de reiterar que «ante la dejadez de las instituciones, y en especial de la Diputación foral de Álava, muchas de estas personas se ven forzadas a vivir donde puedan, cosa que se está complicando».

Ejemplos en el centro y en la periferia

«Un claro ejemplo, al lado de vuestro trabajo, es la calle Diputación, donde dos personas echaron a una persona sin hogar del pequeño descansillo del exterior del local donde dormía desde hace meses. Inmediatamente se instaló una barandilla metálica delante de la lonja, que lleva mucho tiempo vacía. Lo más curioso es que la valla instalada está atornillada e impide el acceso al local. Por tanto, su único objetivo es echar de allí a la persona que pasaba al raso en ese lugar el duro invierno gasteiztarra protegiéndose algo del frío y de la lluvia. Aunque, esto no ha tenido gran repercusión mediática», han censurado. Además, han citado lo ocurrido en lonjas y pabellones de Adurtza, Judimendi, Ibaiondo o Errota.

Han destacado que «se deben de aumentar los recursos existentes tanto en personal como el número de plazas a atender», ya que «es evidente que en la ciudad, en la comunidad autónoma, hay un problema brutal en el tema de recursos habitacionales. No podéis mirar para otro lado. Sin solucionar el problema de vivienda es difícil solucionar el resto. Estáis obligándonos a buscar vías alternativas de vivienda, muchas veces indignas, porque no actuáis», han insistido. 

«Es responsabilidad de las instituciones solucionar estos problemas. Si no os veis capaces de hacerlo, igual tenéis que pensaros para qué os necesita el pueblo. Nosotras intentamos solucionar problemas que no son nuestra competencia, ponemos tiempo, medios limitados, trabajo en red de muchas personas y organizaciones. Nos damos de morros con el muro institucional», han manifestado.

Todos los grupos han saludado la presencia de Gasteiz Anitza en la comisión. Desde PNV y PSE, partidos que forman el Ejecutivo foral, Eva María Jiménez, del PSE, ha reconocido que la exclusión social es un «debe», asumiendo que faltan plazas; y María Viñas Vicario (PNV) ha preguntado cuántas de las personas en situación de calle han rechazado la ayuda de los servicios sociales de base porque, según ha aseverado, «cuando estas personas rechazan la ayuda que se les ofrece a través de los servicios sociales de base no pueden acceder a los servicios forales».