Ixone Fernández, una de las miles de personas que han sido torturadas en las últimas seis décadas en Euskal Herria, ha aprovechado el coloquio organizado este jueves por Gogora en Bilbo, coincidiendo con el Día Internacional en apoyo a estas víctimas, para reclamar a las instituciones que se abra el arco temporal de la ley de reconocimiento para que ella y otros muchos ciudadanos puedan contar con el arrope institucional que durante años se les ha negado.

En un coloquio que se ha prolongado algo más de una hora, conducido por la periodista Maitena Salinas, la santurtziarra ha expuesto lo que ha vivido en los últimos veinte años después de que fuera detenida por la Policía española en Cádiz en 2005. En muchos instantes, emocionada pero al tiempo decidida a dar a conocer el «infierno» vivido, Fernández ha ido relatando su paso de víctima a superviviente, haciendo una llamada en el cierre del acto a todas aquellas personas que han sido torturadas a sumarse a la red que se presentó en febrero en el Kursaal.

Sus palabras, en dos instantes de la charla junto al forense Paco Etxeberria y la psicóloga Olatz Barrenetxea, han provocado el aplauso de quienes llenaban la sala de la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, entre ellas la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y varias decenas de personas que han sufrido esa práctica habitual durante décadas en dependencias policiales.

Fernández ha confesado que es «difícil» reconocerse como víctima y que si en prisión se sintió arropada por sus compañeras, al salir a la calle y después ser absuelta de los cargos de los que se le acusaba le costó gestionar sus emociones dado el trauma que soportaba, así como sus secuelas, que ha logrado superar gracias a un proceso terapéutico que se prolongó a lo largo de cuatro años.

Ha admitido que, al principio, fue reticente, aunque la terapia grupal en la que participó con otras personas torturadas le ayudó. «He pasado un infierno, sobrevives y no vives», ha dicho al rememorar lo vivido. La violencia hacia las mujeres ha estado presente en este diálogo, con ejemplos de las situaciones padecidas por muchas detenidas.

Barrenetxea ha aportado su experiencia de más de 30 años como psicóloga, destacando que las personas torturadas se han sentido más indefensas en la calle que en prisión, ya que la crisis postraumática es mucho más evidente. También ha destacado en otro momento de la charla que no se puede clasificar la tortura en física y psíquica.

Ha explicado que las secuelas se extienden en el tiempo, poniendo como ejemplo el de torturados que se niegan a ir a tramitar el DNI o el pasaporte a la comisaría de Indautxu, en Bilbo, porque rememoran igual lo sufrido hace cuarenta años en ese lugar.

Fernández, en otra de sus intervenciones, ha recordado cómo se produjo su arresto en Cádiz, el periodo de incomunicación y el trato dispensado por el médico forense y la abogada de oficio que le asignaron, que se llegó a dormir cuando le estaban tomando declaración. También el papel de los jueces, primero Baltasar Garzón y luego al que relató las torturas, que llegó a decirle que era «novelesco e irrisorio», aludiendo a que era mujer.

«Invisibles» durante años

Se ha quejado de que durante años han sido «invisibles» para las instituciones, de modo que se ha tratado de sostener que la tortura no existió y que era una «estrategia de ETA», dinámica sustentada por jueces, políticos y periodistas. Del Protocolo de Estambul, ha dicho que le ha servido para probar que su «testimonio es consistente».

En su llamamiento a que no se fijen plazos a la hora de reconocer a las víctimas de la tortura, Ixone Fernández ha incidido en que son miles las personas que lo necesitan. Ha insistido en que es un proceso «doloroso» que necesita de tiempo, no precisamente los fijados por decreto.

La santurtziarra ha admitido que es cierto que ha habido reticencias respecto a los pasos dados por los Gobiernos de Lakua e Iruñea, después de décadas en las que se les «invisibilizó», y los propios «miedos» por reabrir heridas internas que no han curado y que, como ha señalado Etxebarria, en otro momento de la charla, ha llevado a algunos torturados a suicidarse antes de ofrecer su testimonio.

En una intervención de presentación, la consejera San José ha manifestado que «nadie tiene derecho a usar las herramientas del Estado para violar los derechos más básicos de cada individuo. Se trata –ha enfatizado– de actuaciones que merecen la más rotunda de las condenas por parte de todas aquellas personas que creemos y militamos en la defensa de los derechos humanos».

En su discurso, ha señalado que «es preciso denunciar todos y cada uno de los casos, porque son un ataque a la dignidad de las personas y a los fundamentos y derechos más básicos del individuo, porque son un abuso de poder de quienes tenían el mandato legal de proteger y salvaguardar a la ciudadanía, y porque cuestionan la propia legitimidad de un Estado democrático».

La incomunicación sigue vigente

Tras esa intervención de la consejera, el coloquio lo ha abierto quien fue codirector del ‘Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco 1960-2014’ apuntando a la cobertura ofrecida por el periodo de incomunicación a esas prácticas, que fueron evolucionando de detenidos llenos de sangre a cuerpos destrozados por métodos que dejan menos marcas físicas pero profundas heridas en quienes los han padecido. De esa legislación, ha comentado que no está justificada.

El forense Etxeberria ha relatado algunas de sus experiencias, con ejemplos de la impunidad con la que se movían los cuerpos policiales, y cómo reaccionaron en aquellas pocas ocasiones en que fueron condenados por los tribunales, llegándose a dar el caso de atentados contra algún compañero.

Fernández ha apostillado que a día de hoy el periodo de incomunicación sigue vigente en la legislación española.

Etxeberria ha hecho hincapié en que el protocolo forense elaborado en 1997 casi no se aplicó y que no ha sido hasta 2023 cuando se ha redactado otro. En cuanto a la labor que vienen realizando, ha reconocido que se sienten superados, dada la dimensión de la tortura en Euskal Herria y el número de profesionales implicados en la tarea. «Era algo necesario dentro de la tragedia que se ha vivido», ha resaltado.